Manuel Planelles, Álvaro Sánchez elpais.com

La era de la combustión en Europa –en la que carbón, petróleo y gas natural han sido los motores de su próspera economía– tiene fecha de caducidad: 2050. La Comisión Europea propone que las emisiones de gases de efecto invernadero desaparezcan a mediados de este siglo, lo que implica dejar de lado esos combustibles fósiles que han disparado el crecimiento de Occidente desde 1950. Bruselas plantea que en 2050 el 80% de la electricidad provenga de renovables, y utilizar los impuestos contra las tecnologías más sucias. A cambio, la Comisión destaca los beneficios económicos que reportará a Europa.

El Acuerdo de París reconoce que ya es irreversible el calentamiento planetario, por eso los firmantes se conforman con que el aumento de la temperatura a final de siglo no supere un incremento de 1’5 a 2º. Es el margen para evitar las peores catástrofes climáticas. Lograr esa meta requiere que todos los países presenten planes de reducción de gases de efecto invernadero. Europa en estos momentos acumula el 10% de las emisiones mundiales.

La estrategia de «emisiones cero en 2050» implica aumentar la ambición europea en la guerra contra el calentamiento. En 2009 la UE estableció una reducción para 2050 del 80% al 95% de sus emisiones. La Comisión intenta despejar los miedos cuando recuerda en su estrategia que se puede crecer económicamente y reducir los gases de efecto invernadero a la vez. Europa lo ha hecho: entre 1990 y 2016 esas emisiones descendieron en Europa el 22% mientras el PIB crecía el 54%. Con su propuesta Bruselas envía ahora una potente señal política, también para sectores como el energético o el del transporte, con la industria del automóvil embarcada ya en una carrera tecnológica de adaptación al nuevo modelo.

En el documento se insiste en los beneficios de esta carrera de largo recorrido. Los impactos económicos totales «son positivos, a pesar de las importantes inversiones adicionales que requieren», señala la Comisión. Según los cálculos de Bruselas, el PIB se incrementará en un 2% adicional con las políticas de descarbonización que conducirán al objetivo de «emisiones cero». Y eso, sin contar con el beneficio económico que supone la erradicación de los daños ocasionados por el cambio climático, que un reciente informe oficial de Bruselas cifraba en 240.000 millones de euros anuales si fracasa el Acuerdo de París.

Los Veintisiete (países) deben todavía dar luz verde a esta estrategia. La predisposición parece favorable. Los ministros de Medio Ambiente de una decena de Estados –entre ellos España, Francia e Italia– han firmado una carta conjunta dirigida al comisario de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, en la que le instan a ser ambicioso y cumplir con el objetivo de «cero emisiones en 2050». Sin embargo, países como Alemania, el motor económico europeo, no se han pronunciado al respecto.

Arias Cañete resalta que el plan de Bruselas también «reducirá las muertes prematuras por contaminación del aire en más de un 40%, y los costes sanitarios se rebajarán en 200.000 millones de euros anuales». Los cálculos de la Comisión pronostican a la vez un descomunal ahorro, gracias a la nula dependencia de las importaciones de petróleo: en total entre dos y tres billones de euros de 2030 a 2050.

La estrategia de la Comisión es explícita cuando aborda la transformación del sector eléctrico: el abaratamiento de los costes de las renovables ha permitido una rápida implantación de estas energías limpias. Para 2050, «más del 80% de la electricidad vendrá de fuentes renovables». Esto supone el cierre de todas las centrales de carbón y gas natural.

En el caso del transporte, donde existen importantes presiones de los fabricantes de automóviles, aunque el documento se refiere a la importancia de la electrificación de coches y camiones, la Comisión no cierra la puerta a «combustibles alternativos», como biocarburantes. El documento sí recoge la polémica técnica de captura y almacenaje de dióxido de carbono, rodeada de un gran rechazo social; defiende que su despliegue sigue siendo necesario. Y destaca la importancia de usar los impuestos y subvenciones como una “herramienta eficiente para la política ambiental”.