Luiz Felipe Barboza Lacerda. Coordinador Cátedra Laudato Sí - Universidade Católica de Pernambuco -UNICAP.

Luciano Mendes de Almeida. Secretario Ejecutivo – Observatório Nacional de Justiça Socioambiental (OLMA), Brasil.

Mientras que la práctica de la justicia social es el cuidado del ser humano dentro de la organización social e involucra las formas justas de organizar la sociedad, a su vez, la justicia ambiental es el cuidado del ser humano en su hábitat natural, involucrando el cuidado por la vida natural en toda su diversidad; como un regalo del Universo y de la Madre Tierra. 
Si conceptualmente podemos separar estas dos dimensiones (social y ambiental), la realidad nos muestra lo contrario. Desde la perspectiva de la Ecología Integral, pasando por la Teoría de la Complejidad, desde la física cuántica y de las cosmovisiones de pueblos tradicionales y originarios, se evidencia la complejidad transdisciplinaria y multidimensional de la realidad que nos rodea, llevándonos a entender un nuevo paradigma donde todo está interconectado.
Este cambio de paradigma nos exige ampliar la percepción de la realidad que vivimos a través de una visión sistémica que nos invita a participar en la lucha por la justicia social y ambiental de manera integrada. En otras palabras, es una invitación a promover la justicia socioambiental. La crisis social y la crisis ambiental no son diferentes, sino caras diferentes de un mismo fenómeno. Abordar el problema en una sola de estas dimensiones significa constituir respuestas incompletas y, por lo tanto, incapaces de responder a las demandas emergentes de hoy.
 Toda la división aún persistente entre lo social y lo ambiental, hoy en día, reemplaza una estructura segmentada del pensamiento cartesiano que promueve una hiperespecialización de las diferentes áreas del ser y del vivir, alienando las percepciones humanas de los fenómenos sobre su conjunto. En último análisis, esta es la génesis de una falta de noción de bienes comunes y ciudadanía planetaria entre los humanos. 
Expresada la inseparabilidad de estas dos dimensiones, cuando miramos a nuestro alrededor percibimos una realidad latinoamericana extremadamente injusta. Construimos y vivimos una sociedad enferma, que a lo largo de la modernidad ha intensificado el ritmo de vida descontextualizando prácticas y relativizando principios. Construimos una creencia irracional en el progreso y construimos modos de producción y consumo que son perjudiciales para las relaciones interpersonales. Hemos avanzado en la mercantilización de la naturaleza, en la privatización de los espacios públicos y, en consecuencia, en la pérdida de biodiversidad que amenaza a todas las formas de vida en la Tierra. Con este estilo de vida tecnicista y egocéntrico, generamos cambio climático, migración forzada y, en última instancia, degradación general de la vida. 
Construimos y vivimos en una sociedad injusta y por eso la promoción de la (uns) justicia socioambiental es una urgencia.
Se entiende por Promoción de la Justicia Socioambiental (PJSA) todas aquellas acciones que pretendan colaborar para superar las injusticias presentes en nuestro patrimonio histórico y reproducidas por el actual modelo de desarrollo extractivo y financiero, que genera desigualdades y agresiones a todo lo que tiene vida. 
Estrictamente hablando, en la perspectiva del concepto de ecología integral, que nos presentó el Papa Francisco, en su Encíclica Laudato Si (2015), hay una señalización implícita del concepto de (in) justicia que involucra nuestra convivencia en la Casa Común, en todos los ámbitos de las relaciones, con una invitación a un proceso urgente y necesario de reconciliación y construcción de relaciones justas. 
Esa reconciliación y reconstrucción se inserta en un amplio espectro de acciones, proyectos, territorios y áreas de actividad que denominamos agendas estratégicas. Son lineamientos, temas, áreas de acción relevantes para la construcción de una sociedad más justa, en las que se inserta la promoción de la Justicia Socioambiental como concepto operativo. 
En América Latina, algunas de estas agendas prioritarias son diálogo interreligioso y lucha contra la intolerancia; educación para las relaciones étnico-raciales y la lucha contra el racismo y la discriminación étnica; infancia y juventud segura y saludable; migrantes, refugiados, derecho a la vivienda; género y lucha contra el machismo y la homofobia; políticas públicas, defensa de la democracia, derechos humanos y defensa de presos políticos; pueblos originarios, defensa de territorios tradicionales, defensa de biomas y ecosistemas; combate a grandes proyectos mineros y de infraestructura; defensa de defensores ambientales; educación popular y derechos de la naturaleza; trabajo decente, empleo sostenible, consumo consciente, economía sostenible, agroecología y agricultura familiar.
O buscamos de manera integrada y cooperativa, a través de la promoción de la justicia socioambiental, construir respuestas más sistémicas a las crisis de nuestro tiempo, o ampliaremos los abismos de las desigualdades sociales en América Latina, bajo la égida de la mercantilización de la vida. La lucha está en nuestras manos y la esperanza en nuestros corazones.