Ciudad Juárez: la violencia contra las mujeres

Silvia Grijalva

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Por ser frontera con Estados Unidos (EEUU) Ciudad Juárez es y seguirá siendo un punto estratégico para el capital internacional, para la estrategia de seguridad norteamericana y para el crimen organizado por el tráfico de la droga, la trata de personas y el tráfico de armas. El eje dominante de la economía fronteriza es la industria maquiladora. Hay oferta de empleos, pero con salarios muy bajos, jornadas exhaustivas de trabajo, largos tiempos para el traslado, y sin condiciones para la organización laboral.

El Estado de Chihuahua es un estado productor de droga y con presencia activa tanto del cártel de Sinaloa como del cártel de Juárez, que constantemente disputan por el control de los territorios y los corredores de tránsito de la droga a EEUU. El crimen organizado controla territorios en varias regiones del Estado, y en esos lugares es evidente la colusión entre ellos y las autoridades. La corrupción invade la actividad pública. El Gobernador y varios funcionarios de la pasada administración 2010-2016, tienen una denuncia penal en contra, por enriquecimiento ilícito. No se implementan mecanismos para limpiar los cuerpos policiales estatales y municipales. Hay control de parte del Ejecutivo del poder Judicial y Legislativo y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH). Existe una desconfianza generalizada en las autoridades, agudizada ante los agentes de seguridad pública.

El Presidente de la República Mexicana Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) implementó una estrategia de seguridad para combatir al crimen organizado, y afirmó: «será una guerra sin cuartel porque ya no hay posibilidad de convivir con el narco. No hay regreso; son ellos o nosotros...». Ante las críticas recibidas, dijo: «es la estrategia correcta». Las afirmaciones presidenciales, sin embargo, pasaron por alto que violencia y delincuencia no son causas, sino efectos, y que la política de seguridad de su gobierno acusó una profunda insensibilidad respecto a los factores de origen: pobreza, marginalidad, falta de empleo y educación, descomposición del tejido social, y una política económica que ‘propició’ la obscena concentración de riqueza en unas cuantas manos, la apertura salvaje de los mercados nacionales y el derrumbe de las políticas sociales

En este contexto México entra en una etapa de violencia generalizada, que se vio agudizada por el incremento de violaciones contra los derechos humanos más elementales, como el derecho a la vida, a la integridad física y a un juicio justo, y en un clima de impunidad que superaba al 90% de las denuncias interpuestas. Dicho incremento de violaciones y de inseguridad coinciden en los estados donde el gobierno federal implementó de manera directa sus estrategias de combate al narcotrafico (Escalante, 2011; Merino, 2011).

Según el analista Carlos Fazio, el Plan Mérida se inscribe dentro de la tendencia hacia la militarización y transnacionalización de la «guerra a las drogas» fabricada e impuesta por EEUU en todo el continente, que se suma como parte de un mismo paquete a «la guerra al terrorismo». Todo dentro de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América Latina (ASPAN) según la cual, México forma parte del perímetro de Seguridad de EUA.

Durante cinco años consecutivos Chihuahua fue el Estado más afectado por la violencia de la guerra contra el narcotráfico, y Ciudad Juárez llegó a ser la ciudad más violenta del mundo. Esto debido a que en 2008 fueron 130 homicidios por cada 100.000 habitantes, mientras en 2009 fueron 191; en 2010, 238, y el 2011, 148.

Esta violencia desatada desde 2007 a la fecha, se suma a las otras violencias existentes: a la pobreza y extrema pobreza, a la violencia intrafamiliar, a la falta de empleo digno, a las malas condiciones de trabajo en las maquiladoras, a los hogares sostenidos por mujeres –aumentaron las madres jefas de familia–, a la falta de educación, a los feminicidios que se incrementaron en la década de 1993 a 2003, violencias todas ellas acumuladas que no han sido atendidas y que han profundizado la brecha de la desigualdad y la exclusión creando una situación de vulnerabilidad en muchas familias de la ciudad. Toda esta situación es invisibilizada por el Estado, para no hacerse responsable de lo que genera.

Las más de 12.000 personas asesinadas en todos estos años –la mayoría hombres en un rango de edad de 16 a 45 años, es decir, hombres jóvenes– no eran personas solas, aisladas: tenían esposas, madres, familias, hijos que se quedaron en la orfandad. Todas estas personas hombres y mujeres dejan una familia sin su apoyo moral, sin su presencia física, con una carga económica disminuida, con un dolor y sufrimiento que tarda en recuperarse para empezar a hacer frente a la nueva situación. Cabe mencionar que el año 2010 que fue el más violento: asesinaron a 3111 personas, y ese año fueron asesinadas 304 mujeres, según el registro del Diario de Juárez. El gobierno las atribuye a ajustes de cuentas entre el narcotráfico, sin investigar sus casos como crímenes de género, y culpabilizando a las mismas mujeres diciendo que son ganchos sexuales, recaudadoras, sicarias.

Pero, ¿qué pasa con las mujeres en términos de toda esta violencia, de todas estas muertes? Desde 1993 los hechos lamentables de múltiples asesinatos de mujeres nos han hecho conscientes de los terribles problemas de violencia, marginación y misoginia, así como del olvido en el que se encuentran las mujeres en Ciudad Juárez.

El feminicidio es el genocidio contra mujeres y sucede cuando las condiciones históricas generan prácticas sociales que permiten atentados contra la integridad, la salud, las libertades y la vida de las mujeres. Es una categoría que debe abordarse como una modalidad de violencia directa hacia las mujeres, como una alternativa a la neutralidad del término homicidio visibilizando un trasfondo no reconocido: la misoginia en la muerte diaria de mujeres. Es un problema social, político, cultural y es un problema de Estado. Los feminicidios reflejan la salud de la sociedad. Miden la capacidad de las autoridades para evitar, resolver y/o castigar a los responsables. Si ésta falla, o no existe, como sucede en muchas ciudades de nuestro país, los asesinatos se reproducen y dan pie a su repetición. La impunidad permite y cataliza feminicidios. Las noticias sobre feminicidios en nuestro país rebasan fronteras. Algunos datos: en nuestro país son asesinadas 6 mujeres cada día. Entre 2007 a 2012 se perpetraron 1,909 feminicidios. Entre 2012 y 2014 la tasa de feminicidios creció 5 veces, pasó de 2,4 a 3,2 por cada 100.000 mujeres. Entre 2012 a 2013 fueron asesinadas 3.892 mujeres, segun el Observatorio Nacional del Feminicidio. Sólo 613 de estos casos fueron investigados y sólo el 1.6% recibieron sentencia. Según la ONU, en feminicidios, México ocupa el puesto 16º en el mundo. En 2010 se cometieron 60 homicidios por cada 100.000 mujeres. Además… «la violencia con la que se cometieron los crímenes fue extrema: varias víctimas mostraban signos de tortura o mutilación, antes de ser abandonadas en sitios públicos». Las cifras previas deberían modificar las acciones de las autoridades, pero no han servido. Los asesinatos de mujeres siguen en aumento. El feminicidio es un crimen de Estado. Quienes deberían de encargarse de resolverlo, no sólo no cumplen: participan en la desaparición de pruebas. Sesgo e impunidad son la regla. El patrón criminológico de Ciudad Juárez es: «crimen organizado coludido con poder económico-político, ineficacia, corrupción impunidad. Las autoridades no quieren y no saben investigar. Más del 90% de las declaraciones que se dan en México se efectúan en flagrancia o en flagrancia equiparada. Es decir, la cultura de investigación en el país es casi nula» (El Universal, Opinión, Arnoldo Kraus, 13/3/2016).

Es obvio que no se han tomado en cuenta los derechos humanos de las mujeres, incluso se sigue violentando su dignidad y autoestima al tratar de denunciar la desaparición, o el asesinato de mujeres. En nuestro país vivimos niveles críticos de impunidad y una atención ineficiente e insuficiente a víctimas y familiares. Uno de los principales retos es zanjar la brecha entre el andamiaje legislativo y judicial con la realidad, en la que las víctimas señalan que la procuración de justicia es una «simulación». Esta situación de criminalidad tiene que ver con el nivel de impunidad: no se investigan los crímenes, no se da con los delincuentes, no los consignan ni son sancionados, el 98% de los delitos no llegan a tener una sentencia condenatoria. Esto se traduce en un permiso explícito para delinquir y matar.

 

Silvia Grijalva

Ciudad Juárez