DEMOCRACIA Y DERECHO

Gregorio DIONIS

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La democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Como sistema, es entonces el que permite recoger la forma plural de cualquier sociedad, entendida ésta en el sentido de nación y estado.

Una condición necesaria de un sistema que así quiera funcionar es que exista una separación de poderes, esto es, que existan al menos el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial, y que éstos se rijan por el principio de separación de poderes.

En América Latina la república presidencialista ha sido el modelo más usado, el cual tiene su origen en el modelo de la revolución norteamericana y de la revolución francesa, siendo Francisco de Miranda y Tom Paine quienes unen ambas revoluciones.

Tom Paine fue diputado durante la revolución francesa y es famoso por haber sido el encargado de dar respuesta al conservador Burke, quien se oponía a la democracia popular de la revolución francesa. El libro -que fue la respuesta no sólo al mundo conservador, sino también al absolutismo- se llamó «Los Derechos del Hombre», y es un libro imprescindible en la defensa de los derechos civiles y del pacifismo activo a pesar de que fue escrito hace ya más de doscientos años.

Francisco de Miranda fue militar durante la revolución americana y luego general en los ejércitos de la revolución francesa. Intelectual de ideas profundas y gran estratega, murió preso en la cárcel de Cádiz en España. Es el primer gran preso político de la libertad en América Latina y es también el primero que plantea la cuestión de las libertades civiles y la democracia.

Es por tanto la democracia un sistema muy conocido y especialmente estimado por las masas populares en América Latina, pero sus límites han estado en que las clases oligárquicas ejercen el poder rompiendo el equilibrio necesario para que el pueblo se exprese libremente y sus elegidos respeten el mandato de sus electores y, más aún, gobiernen para el pueblo y por el pueblo.

Las libertades civiles y los derechos humanos son la condición necesaria para confirmar que un sistema democrático funciona como tal, y la libertad, para serlo, necesita de educación libre, seguridad social universal, control de los bienes propiedad del Estado, tales como las materias primas, hidrocarburos y aquellos medios técnicos y científicos necesarios para conseguir una república de iguales que garantice la inclusión social y cultural.

Estado de excepción y control político social.

Pero también existen gobiernos electos que deciden actuar en forma contraria a los intereses de su pueblo y, muchas veces, incluso contraria a su propio mandato electoral. Estos gobiernos, que han decidido obviar la defensa de los intereses generales, tienen aún un límite que romper, a saber, el derecho internacional y el derecho internacional de derechos humanos, que, con ciertas limitaciones, imponen condiciones legales que deberían ser, que son, de estricto cumplimiento.

Generalmente estos dirigentes políticos, militares o religiosos utilizan el concepto de estado de excepción o incluso de alegalidad.

El estado de excepción es un concepto surgido del derecho absolutista español y, por lo tanto, muy enraizado en la cultura latinoamericana. Es un concepto amplio que facilita los golpes de estado sin necesidad de cambiar la constitución. En la Alemania de Hitler fue representado por la doctrina de Carl Schmitt y permitió la existencia de «dos estados», el existente y un régimen de excepción permanente, sin necesidad siquiera de modificar la constitución.

Este modelo de teoría del estado fue el utilizado por los gobiernos de la seguridad nacional de Chile, Argentina, Uruguay y Guatemala, entre otros, y es desde esta concepción desde donde se planifica y organiza un plan de exterminio sistemático de población civil como forma de control político y social.

Sin embargo, este concepto también puede ser utilizado en democracia, y entonces nos encontramos con presidentes electos o gobiernos que actúan con leyes de emergencia, con leyes que se originan en el ejecutivo o la presidencia y que no pasan por los parlamentos.

Esta herramienta ha sido utilizada con los TLC: EEUU declara secreta toda la documentación y ésta se oculta a los parlamentos y, muchas veces, ni siquiera es conocida por los equipos negociadores.

También ha sido utilizada ampliamente en los denominados procesos de privatización, en los que se traspasaron a manos privadas enormes empresas, normalmente de recursos naturales (petróleo, gas, minería, etc.) y para ello se usó la vía de la legislación de excepción; para evitar las protestas y el bloqueo del proceso privatizador se dicta una ley de excepción que no pasa por el parlamento, o incluso, como en el caso de Argentina, a leyes secretas, que no eran publicadas en el Boletín Oficial.

Y después del 11 de septiembre estamos sufriendo el más elaborado intento de estado de excepción mundial, para obviar no a un parlamento sino al derecho internacional y, necesariamente, al sistema de Naciones Unidas.

Nos encontramos ante gobiernos que han decidido violar el derecho internacional y utilizar la fuerza fuera de sus propios parlamentos y fuera de la ONU.

Los derechos como soporte de la democracia

La construcción de modelos democráticos de solidaridad social, de integración social, de eliminación de la pobreza, de distribución de la tierra, de educación para todos, de sanidad para todos, tienen que ser la base de cualquier gobierno que cumpla con el principio de gobernar con el pueblo y para el pueblo.

De la misma manera debe ser garantizada la propiedad social de las tierras comunitarias y originarias indígenas, así como de todos los recursos naturales que afectan a la vida como derecho humano elemental: cuencas de los ríos, acuíferos, bosques...

Impunidad de delitos contra los derechos

Es trágico ver cómo hay economistas titulados que son capaces de defender modelos económicos basados en la violación sistemática de los derechos civiles y políticos. Muchos de ellos además creen que están usando las ideas de Adam Smith y su «mano invisible», sin saber que, en su época, este hombre defendió justamente lo contrario y significó precisamente un intento de racionalizar la modernidad.

Lo que ocurre es que utilizan la economía como un instrumento ideológico frente a las libertades. Han dejado de pertenecer a la colectividad científica basada en el utilitarismo del bien común para convertirse en instrumentos de las corrientes más reaccionarias que se dieron después de la revolución francesa.

Estos modelos que reemplazan las libertades por la eficiencia de la curva de oferta-demanda son complementarios al uso de las doctrinas irracionales derivadas del discurso conservador. Y una vez puestas en marcha no tienen más salida que la violación sistemática de los derechos civiles y políticos.

Para esos economistas la impunidad no es una consecuencia de la violación de los derechos humanos: es simplemente una necesidad del mercado. El desarme de los instrumentos y organismos que están en la base de la libre determinación de los ciudadanos de un país, se convierte en condición necesaria del modelo. Para éste, es imprescindible romper la estructura familiar para que una familia indígena olvide sus tradiciones culturales; es imprescindible romper la estructura sindical que defiende la dignidad de sus representados; es imprescindible romper la estructura de los organismos de derechos humanos que se han creído el discurso de la modernidad; es imprescindible romper la estructura social que permite que los más desfavorecidos se expresen públicamente en forma coherente y racional, para ello es necesario que los sistemas educativos no sean elaborados a partir de estos supuestos de libertad, solidaridad y fraternidad; es imprescindible que la racionalidad sea reemplazada por la ley de la oferta y la demanda, por la ley del más fuerte, en definitiva, por la ley de la selva.

Si dejamos que se implanten definitivamente los modelos de impunidad en América Latina, en África, en Europa... corremos el riesgo cierto de perder las libertades que el Pacto Internacional de Derechos, tanto Civiles y Políticos como Económicos, Sociales y Culturales pretendió universalizar.

Los modelos de impunidad pretenden resolver el dilema que representan la democracia, las libertades y la expresión del uso racional de ambas, que son los derechos humanos y las libertades civiles.

Y esto es así porque como decía Jeremy Bentham «del poder de perdonar sin límites surge la impunidad de la delincuencia en todas sus formas, de la impunidad de la delincuencia en todas sus formas, la impunidad de todas la formas de maldad, de la impunidad de todas las formas de maldad, la descomposición de los gobiernos, de la descomposición de los gobiernos la descomposición política de la sociedad».

Por eso es tan importante la movilización social, el asociacionismo, el cooperativismo y toda forma de organización social que permita hacer frente a las políticas neoliberales y a los modelos de impunidad y de control político social.

Creo que todavía no han logrado imponer un modelo definitivo. Todavía hay millones de seres humanos libres que desean impedir que estos modelos de impunidad se universalicen. Todavía no han humillado la memoria de la humanidad en forma definitiva. Por eso es un grave error admitir la limitación del derecho a la justicia, del derecho a la verdad, así como de todo atentado sistemático contra las libertades y los derechos humanos.

Restaurar los derechos civiles y políticos y los derivados de los económicos y sociales, significa devolverles a nuestros hijos y nietos la libertad.

Lo contrario es aceptar los principios maquiavélicos de que el fin justifica los medios, y el principio más elaborado de estado de excepción mundial, por el que el mundo político y social pierde toda conexión con el sistema de libertades civiles y de derechos humanos.

 

Gregorio DIONIS

Madrid, España