¡Derecho humano al agua en américa Latina, ¡ya!
 

Víctor Viñuales

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La comunidad internacional tardó 62 años en darse cuenta de que tener agua buena y saneamiento es un derecho humano. Cuando se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 1948, este derecho humano no se contempló. En 2010, promovido por el gobierno de Bolivia y apoyado por los gobiernos de Alemania y España y muchas organizaciones sociales de todo el mundo, finalmente, Naciones Unidas reparó el error, el tremendo error: sin agua buena y saneamiento… la vida entera languidece.

¿Por qué tardamos tanto? Qué ceguera la nuestra, que no percibimos que ése, el acceso al agua buena, es el derecho «fundante» de todos los demás... ¿Cómo podemos aceptar que en el siglo de Google haya más de 884 millones de personas que no tengan acceso a agua potable y más de 2600 millones carezcan de acceso al saneamiento básico...? Sin agua buena es muy difícil ejercer la libertad de expresión, de asociación… porque los días se llenan de diarreas, de parásitos y de muerte alterna.

Naciones Unidas pone cifras a este derecho: cada persona necesita entre 50 y 100 litros de agua diarios para satisfacer sus necesidades básicas, y el coste de ese acceso no debería superar el 3% de los ingresos de la unidad familiar (hoy en muchos suburbios de Yakarta o de Nairobi los pobres pagan de 5 a 10 veces más por el agua que aquellos que viven en las zonas con ingresos más altos); el tiempo de acopio del agua no debería exceder de 30 minutos, y la fuente de aprovisionamiento no debería estar a más de 1000 metros…

Sin agua no hay educación. Más de 443 millones de jornadas escolares se pierden en las escuelas del mundo empobrecido porque niñas y adolescentes pasan horas y días yendo y viniendo con cubos de agua en la cabeza o en la cadera. La urgencia del agua relega otras prioridades, que se convierten en «lujos» prescindibles.

Sin agua decente no hay desarrollo económico. Los restaurantes que se creen en una población sin agua potable serán focos de contaminación, y en vez de atraer turistas los van a repeler. No puede haber ninguna actividad económica agroalimentaria consistente si no está resuelto el acceso al agua potable.

Sin agua decente la vida en su conjunto se llena de espinas. Muchas jóvenes, por ejemplo, sufren violaciones en esas caminatas desde la vivienda a las fuentes de agua. La distancia media que recorren las mujeres en Asia y África para acopiar agua es de 6 km.

Mucha gente piensa que si en un país hay personas sin acceso al agua es que hay pobreza. Es una verdad a medias. Hay países con recursos económicos para fabricar bombas atómicas, por ejemplo Pakistán, pero no para garantizar el acceso al agua potable y al saneamiento a toda la población. Que las naciones garanticen el derecho humano al agua es, sobre todo, un asunto de prioridad en la política pública.

Pero esa falta de prioridad no es sólo de los gobiernos. Muchas veces la propia población no lo exige con la rotundidad debida y da prioridad a otras reivindicaciones menos fundantes… Entonces la ceguera de los gobernantes y de los gobernados caminan juntas, y el camino de los despropósitos en la política pública se alarga.

Deberíamos hablar, en realidad, del derecho humano al saneamiento y al agua. Y es bueno invertir la expresión común porque, o logramos que se entienda la revolución del saneamiento, o vamos a contaminar todos los acuíferos y los ríos del mundo. Y sin ríos en buen estado ecológico no hay manera de garantizar el acceso de agua potable a la población. El saneamiento y el acceso están vinculados.

Ese reconocimiento de la importancia del saneamiento exige lograr, por así decirlo, un estiramiento moral. Los que viven río arriba muchas veces no muestran empatía hacia quienes viven río abajo. O logramos que nos duela la situación de quienes viven lejos de nosotros, o no mejoraremos la salud de nuestros ríos, y por consiguiente, el acceso al agua buena de las poblaciones que viven río abajo, la inmensa mayoría, se hará más difícil.

Es común que los alcaldes quieran resolver el acceso al agua potable de sus conciudadanos, pero también es común que las autoridades se olviden de resolver el saneamiento de esa población. Al fin y al cabo eso beneficia –así lo entienden– a «otros» municipios o a otros seres vivos, los peces. Ni unos ni otros votarán a ese alcalde. Así, el saneamiento es la política olvidada. Los verdaderos beneficiarios no la votan. No tienen la oportunidad de ser consultados.

Otro problema grave en el desafío de hacer efectivo el derecho humano al agua es la sostenibilidad de las infraestructuras que se crean. Autoridades públicas y ciudadanía viven deslumbrados por lo que se ve, lo «inaugurable», lo fotografiable: ¡las obras de concreto y tubos! Esa fascinación por las obras –necesarias en muchos casos–hace que no se le preste la debida importancia al software del agua: la sostenibilidad financiera de los servicios que se crean, la conciencia y el compromiso de la comunidad con las inversiones realizadas, la capacitación de la comunidad para usar eficazmente los servicios de agua…

Muchas infraestructuras de acceso al agua potable o de tratamiento de aguas servidas, pasados dos años… ¡no funcionan! Es un fracaso colectivo y significa tirar recursos económicos, siempre escasos. Mantener las infraestructuras es una asignatura que no gusta en América Latina ni en España, pero es crucial.

Con frecuencia se genera una gran confusión en cuanto a la sostenibilidad de los servicios de abastecimiento y saneamiento. A veces se oyen discursos simples: si el agua es de todos, es un bien común y además es un derecho humano… debe de ser gratis. Grave error. Por supuesto que los poderes públicos deben garantizar que nadie se vea privado del acceso a un consumo básico de agua por carecer de recursos económicos, pero al mismo tiempo es necesario también asegurar la sostenibilidad financiera de los servicios de abastecimiento y saneamiento; si no, acabarán colapsando. Por otro lado, siempre es necesario crear tarifas que incentiven un uso racional y eficiente del agua y penalicen su despilfarro.

Siempre procuro hablar de agua «decente»: agua buena, agua potable…Y califico el agua porque es muy frecuente que se instalen infraestructuras de acceso al agua… que traen al interior de las viviendas… ¡agua no potable! Es necesario realizar un examen previo de la calidad del agua a la que se quiere acceder, y un control y un tratamiento del agua que se aporta a las viviendas. Si no se hace, no estamos garantizando el derecho humano al agua; estamos engañándonos y engañando.

En muchas ocasiones los gobiernos no garantizan el acceso al agua potable a la población, y las empresas, preocupadas por su cuenta de resultados, tampoco. Pero la necesidad de beber es imperativa. Por eso las zonas rurales y periurbanas de América Latina están llenas de iniciativas comunitarias, autoorganizadas, para, a través de la ayuda mutua y la cooperación en las comunidades, colectar recursos, trabajos y voluntades para lograr tomar agua a diario.

A veces el desafío se resuelve bien y el agua es buena, y el servicio sostenible, a precios razonables, durante las 24 horas... Otras veces se distribuye agua contaminada, o hay cortes frecuentes, o el precio final es muy caro...

Se estima que más de 40 millones de personas en América Latina resuelven su necesidad de agua de forma autogestionada. Muchas de estas Juntas Comunitarias de Agua, en otros sitios llamadas Comités de Agua, tienen personalidad jurídica propia, están reconocidas por las autoridades, reciben ayuda pública... Pero otras están solas, desorganizadas, con problemas de liderazgo... Para hacer efectivo el derecho humano al agua estas Juntas y Comités son un actor fundamental. Son una escuela de democracia: la población afectada, toda, tiene que dialogar, debatir opciones, tomar acuerdos, resolver conflictos internos, planificar, decidir... Así, un beneficio colateral de esta lucha ancestral por el agua, por este servicio básico, es la densidad organizativa que crea y los liderazgos comunitarios que construye. Ahí, son las mujeres quienes más se comprometen. Y esas capacidades que se construyen socialmente alrededor de la gestión comunitaria del agua ¡son las mismas que se precisan para lograr un desarrollo económico y social endógeno!

Bolivia se ha planteado un conjunto de metas para conmemorar el Bicentenario de su Independencia. Una de ellas es lograr en esa fecha, 2025, el cumplimiento efectivo del derecho humano al agua y al saneamiento. Y decimos «efectivo» porque tener el derecho al agua buena no es lo mismo que tener agua para beber. Los países de América Latina deberían seguir el ejemplo de Bolivia y aprovechar el hito de los Bicentenarios, o cualquier otro, para auto–retarse a lograr realizar ese derecho en un momento concreto ¡y cercano! de su futuro. Es necesario, y si se articulan fuerzas y voluntades, ¡es posible!

 

Víctor Viñuales

Zaragoza, España