El éxodo al Estado mundial
El éxodo al Estado mundial
Sergio FERRARI
Insatisfechas con una mundialización que aunque parece no tener límite alguno les sigue quedando chica, las grandes empresas transnacio-nales diseñan ya, de cara al nuevo siglo, un próximo asalto, esta vez planetario. Enmascaradas detrás de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), que reúne a las 29 naciones más enriquecidas del planeta, y diluyéndose detrás de ellas, han venido preparando con sigilo el nuevo Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI) como instrumento de imposición total. A través del mismo perfilan un éxodo al nuevo milenio marcado por la concentración absoluta, aun al costo de una polarización social planetaria irreversible. El proceso aparece como indetenible.
Las 200 empresas transnacionales más grandes del mundo- el 95 % de las cuales tienen sus sedes en los países de la OCDE-, controlan los grandes resortes de la economía y el 70 % de las inversio-nes y el comercio, al tiempo que acaparan un tercio de las riquezas planetarias. Sus beneficios son casi el doble de la suma del ingreso de la 4/5 partes de los sectores más pobres del universo.
Para los grandes polos privados del poder económico, a los que el AMI tendrá la función de representar, no queda lugar a dudas: las transna-cionales, el «libre» comercio y el irrestricto flujo de los capitales, deben estar definitivamente por encima de los Estados-naciones. Todo lo que pueda trabar el beneficio sin barreras del gran mercado, debe ser abolido. Los límites nacionales al benefi-cio transnacional quedarán en la prehis-toria de la mundialización que, aunque no lo digan, sólo entonces empezará a perfilarse en su verdade-ra y total dimensión estratégica: el Estado mundial, construido por y para el capital mundial.
Acuerdo clandestino, bajo sospecha
El AMI se venía debatiendo en total secreto a nivel del OCDE desde mediados de 1995. En el segundo semestre del 97 se filtró su contenido. Desde entonces las reacciones han ido en espiral, desde los más diversos sectores contestatarios de la sociedad civil del Norte. 1998 ha sido el momen-to del verdadero «destape», de la denuncia pública organizada y una acelerada información para los movimientos populares del Sur. La Confe-rencia de la Acción Mundial de los Pueblos de febrero de 1998 en Ginebra y las activi-dades mundiales para contrafestejar el 50 aniver-sario del GATT-OMC (Acuerdo de Aranceles y la Organización Mundial del Comercio) aceleró la protesta.
La decisión de los representantes de la OCDE en abril de 1998 de suspender por medio año las discusiones del AMI -aplazando una posible ratificación para no antes de 1999-, ha sido el reconocimiento más contundente a la crítica contra el Tratado.
Faltó absolutamente transparencia y demo-cracia en el proceso de elaboración del AMI. Una trein-tena de representantes y tecnócratas de los países más poderosos del planeta, autoconvo-cados, bajo la presión del único cabildeo permi-tido (el de las transnacionales), elaboraron durante 2 años y medio una propuesta que convertida en Tratado tendría impacto universal, despreciando a las más de 120 naciones restantes, y a los pueblos del Norte y del Sur, espectadores de piedra en este proceso.
El AMI agrede abiertamente uno de los princi-pios consensuados por la comunidad internacional plasmados en la Carta de la ONU: el que reconoce a cada nación «el derecho inalienable de regla-mentar las inversiones extranjeras y de ejercer el control sobre las mismas».
El reino de las transnacionales
La sujección total de los Estados, de las leyes internacionales, los acuerdos consensuados planetarios (como la Carta de la ONU) o tratados regulativos (como el que dio origen a la OMC) a los criterios de beneficio y rentabilidad de las transna-cionales define el objetivo central del AMI. Se consagraría así la libertad ilimitada de las multina-cionales de implantarse e invertir donde quieran; por el tiempo que quieran; pudiendo repatriar sus ganancias, hacerlas circular e inver-tirlas donde quieran, sin restricción alguna.
Por otra parte, la naturaleza de sus actividades productivas estarían exentas de cualquier traba vinculante a derechos de los trabajadores, protec-ciones sociales o criterios ecológicos. Todo estará sometido a las leyes de la competencia.
La propuesta del AMI, delinea ciertas cláusulas aplicables tanto a recursos naturales como a todas las actividades humanas, incluyendo las culturales y artísticas. Entre ellas las de:
-tratamiento nacional, que establece que los inversores extranjeros se beneficiarán con idén-ticas ventajas que los nacionales, lo que implica ignorar los derechos de un país y de sus habi-tantes frente a la inversión externa
-nación favorecida, que elimina acuerdos particulares existentes entre países, los que a veces tienden, por lo menos en los papeles, a ayudar a los menos desarrollados. (Una fuerte corriente de ONGs norteñas se baten desde años, por ejemplo, para que los gobiernos de sus países aumenten las ventajas a las importaciones de los países más empobrecidos del planeta; la iniciativa moriría al aprobarse el AMI).
-obligación de resultado, que impide a cual-quier Estado imponer limitación alguna a un inversor; por otra parte, le sería denegado al Estado tomar medidas apropiadas para exigir resultados; y con el tiempo se debería ir eliminan-do las que actualmente existen.
-protección a la inversión, por la cual un inversor podría enjuiciar a un Estado y exigirle compensaciones si estimara que las decisiones de ese Estado limitan sus ganancias o si huelgas, problemas de orden público, situaciones de urgencia, insurrección, guerra o revoluciones, complican sus actividades o limitan, en conse-cuen-cia, sus ganancias.
Si en la década de los setenta la doctrina de seguridad nacional justificó en A.L. los golpes de Estado, o si en los lustros siguientes las instancias internacionales como ONU, OEA, OUA (Organiza-ción de la Unidad Africana) etc., convalidaron la universalización de las intervenciones militares como método de hegemonía, el AMI significará un salto cualitativo en el éxodo al tercer milenio, dentro del proceso milenario de imposición económica de los poderosos contra los pobres.
Riesgo o propuesta que ha motivado que cada vez más intelectuales y especialistas en la materia hablen de «golpe de Estados» -en plural-, ya que se intenta tomar el poder simultáneamente en todos los países, anulando el concepto de sobera-nía real y subordinando los Estados a un rol secundario administrativo de políticas impuestas.
Si bien muchos de los aspectos propuestos en el AMI ya están incluidos en tratados existentes, lo que llama la atención es la arquitectura globali-zante del texto, el carácter casi irreversible de los compromisos asumidos, la ausencia de toda cláusula de protección, el rol otorgado a una jurisdicción que escapa a todo control, la dignidad conferida a las empresas, que se convierten en contrapartes de los Estados...
Una nueva Constitución planetaria
Tras la propuesta del AMI, se oculta el intento de crear, de hecho, una nueva Constitución plane-taria en la que todo, absolutamente todo, desde las legislaciones sociales y laborales, hasta la lógica migratoria como mecanismo de equilibrio de la mano de obra, pasando por la fisonomía/rol de los Estados y el mismo sistema de la ONU, sin olvidar el ecosistema y su sobrevivencia, sería redefinido desde una nueva lógica. Los valores esenciales al ser contemporáneo, como el de la nacionalidad, la «ciudadanía», la soberanía y la solidaridad, se irían reformulando aceleradamente, de arriba hacia abajo, sin consulta ni participa-ción popular alguna.
Y ése es el único factor no con-templado en esta nueva estrategia: los pueblos, su creatividad y capacidad/fantasía de resistencia...
Sergio FERRARI
Argentina-Suiza