La cuestión de la propiedad
La cuestión de la propiedad
Paul Singer
1. Cómo funciona el capitalismo hoy en día.
Con la llegada del capitalismo propulsado por el neoliberalismo, tanto la renta como la propiedad de la riqueza se van concentrando cada vez más. La sociedad se polariza entre un polo absurdamente rico, formado por herederos de fortunas, altos ejecutivos de empresas transnacionales, artistas y deportistas con éxito, etc., y otro polo miserable, formado por excluidos [outsiders] de la actividad económica, a causa del desempleo crónico, la edad o por enfermedades u otras causas de invalidez (sin mencionar los millones que viven en regiones alejadas del progreso).
Entre estos dos polos se mueve la mayor parte de las personas, tocadas por la ambición de ascender a la riqueza y a la fama, y/o por el miedo de caer en la pobreza. Pocos escapan de la competición por la educación (cuando se es joven), por el empleo (cuando se es adulto) o por una jubilación (cuando se envejece). Muchos tienen la ilusión de que se mueven por su propio esfuerzo, sin darse cuenta de que son juguetes de las oscilaciones de su economía nacional, casi siempre condicionadas por las vicisitudes de la economía mundial.
Lo que impulsa el capitalismo es la acumulación del capital, condicionada por la competencia entre las empresas, y agudizada por el progreso científico, que acelera el aumento de la productividad y crea nuevas necesidades y hábitos de consumo; y también por el movimiento del capital productivo por el mundo, a la caza de locales en los que implantarse, en los que los costos de producción sean los más bajos y sea fácil el acceso al mercado mundial. Ambas tendencias resultan de la búsqueda de la tasa máxima de lucro por los capitalistas, y de las luchas de los trabajadores por salarios decentes y protección contra los riesgos a la salud y la inseguridad de la vejez. Para escapar de estas presiones, los capitalistas tratan de colocar su dinero en paraísos fiscales y sus plantas en «paraísos sociales».
En el capitalismo muchos son los llamados al mercado de trabajo, pero muchos menos los escogidos. Los que sobran y continúan disputando empleos favorecen a los que manejan el capital, pues hacen que los que tienen empleo se esfuercen por no molestar y se conformen con lo que ganan. Con el desempleo masivo los sindicatos no pueden llevar a los asalariados a la lucha por la participación de las ventajas de la productividad, ventajas que de esa manera pueden ser integralmente embolsadas por el capital privado.
2. La alternativa de otro mundo
Pero el desempleo en masa y la redoblada exclusión social vienen siendo afrontados por sus víctimas mediante la paulatina construcción de otra economía totalmente diferente de la capitalista, conocida como economía solidaria (o Socialismo del Siglo XXI). Sus integrantes se organizan en empresas colectivas y disputan mercados a las empresas capitalistas. Las empresas de economía solidaria son propiedades colectivas de los que en ellas trabajan, que los gestionan de forma democrática, con participación de todos en la toma de decisiones, cada persona con un voto. Las ganancias son compartidas por todos según reglas acordadas. De esta forma logran escapar de la miseria, de la desmoralizante competición por empleos escasos, y del sometimiento a condiciones precarias de trabajo.
Es ante esta posibilidad donde se plantea la cuestión de la propiedad. Para producir, las empresas de trabajadores tienen que poseer medios de producción, propios o arrendados. Y para eso tienen que disponer de dinero. Ahora bien, eso es precisamente lo que falta a los trabajadores. La riqueza producida por la sociedad es monopolizada por el sistema financiero capitalista, que la encamina exclusivamente a los que ya disponen de capital. Este monopolio de acceso al excedente de riqueza es el que asegura a los dueños del capital el dominio sobre las clases no propietarias. Los trabajadores son inducidos a depositar su dinero en los bancos o en los fondos, que jamás les financian a ellos cuando quieren iniciar alguna empresa propia.
No obstante, los trabajadores han conseguido romper ese monopolio del capital sobre el excedente acumulable, apropiándose de parte del mismo con sus luchas incansables. Una de las más notables es la que apunta a la elección de gobiernos comprometidos con la transferencia a grupos de trabajadores organizados de los medios de producción que necesitan.
Otra es la lucha por la reforma agraria, que promueve la redistribución de la propiedad del suelo a los que de ella carecen, y es lo que ya viene dándose en Brasil, Venezuela y otros países. Están siendo capitalizados por políticas públicas, cooperativas de pepenadores, cartoneros... que se dedican a la recogida selectiva al reciclaje de residuos sólidos. Y cooperativas de campesinos, pescadores, costureras, quiebracocos, trabajadores del caucho, artesanos, técnicos y recicladores de equipos de informática, músicos y otros productores culturales.
Una lucha cada vez más exitosa es la de los trabajadores de empresas en crisis, que se organizan en cooperativas y obtienen en arrendamiento la parte fallida, lo que les permite recuperar la empresa, que acaban adquiriendo posteriormente en subasta pública. Se multiplican también las asociaciones o cooperativas de productores autónomos o familiares, que consiguen adquirir medios de producción a base del micro-crédito (hoy, en Brasil, oficializado por ley de iniciativa del gobierno federal).
3. Otro régimen de propiedad y de gestión de la producción: propiedad colectiva y autogestión.
En la medida en que la Economía Solidaria crece y avanza cualitativamente, el acceso a la propiedad de los medios de producción por parte de los trabajadores no puede ya depender únicamente de medidas del poder público. Es preciso que los excedentes resultantes de las actividades productivas de la propia Economía Solidaria puedan ser capitalizados en favor de la expansión y mejora de las empresas ya existentes y de la creación de otras nuevas.
Para ello es necesario construir otro sistema financiero, cuyos fondos se destinen al desarrollo de la economía solidaria y a la construcción de una sociedad en la que el acceso al excedente social sea democráticamente accesible a todos.
En los últimos años, un sistema así comenzó a ser construido, compuesto por fondos rotativos, cooperativas de crédito y bancos comunitarios. Lo que caracteriza a estas entidades financieras es la autogestión: son operadas y dirigidas por los propios asociados, que depositan en ellas sus economías, y obtienen de ellas los financiamientos que necesitan.
La lucha histórica de los socialistas contra el capitalismo tenía por objetivo eliminar la propiedad privada de los medios de producción, socializándolos. Como no estaba claro cómo la sociedad podría apropiarse de todos los medios de producción, la propuesta concreta que surgió fue la de estatalizarlos.
Esto fue lo que se hizo en muchos países, a lo largo del siglo pasado. Sólo en Yugoslavia las empresas estatales fueron entregadas a los trabajadores en autogestión. En los demás países, los medios de producción estatalizados continuaron siendo gestionados de forma tan autoritaria como los de propiedad privada capitalista.
O incluso más, porque la competición entre las empresas fue excluida mediante la centralización de las decisiones en un órgano estatal de planificación de toda la economía nacional. El resultado fue un sistema en el que «todo lo que no estaba prohibido, era obligatorio», o sea, en el que las libertades civiles y políticas de los ciudadanos eran prácticamente inexistentes.
Como reacción a estas experiencias surge ahora, al amanecer el siglo XXI, otra propuesta socialista: mantener el derecho de propiedad de los medios de producción, pero hacerlo efectivamente accesible al conjunto de la sociedad.
Por tanto, quebrar el monopolio de la clase capitalista sobre la intermediación financiera y el abastecimiento de medios de pago, y desarrollar a su lado un sistema autogestionario poseído y gestionado en conjunto por los trabajadores que lo operan y los usuarios que lo abastecen con los depósitos de sus ahorros.
Eso, por lo que se refiere específicamente al régimen de propiedad. Pero la economía solidaria en construcción exige otros cambios institucionales: hacer que la administración pública sea mucho más participativa, complementar la democracia representativa con procedimientos de democracia directa, desarrollar instrumentos de coordinación, planificación y fomento de actividades económicas a nivel comunitario, y sobre todo hacer que sean permanentes los programas de redistribución de la renta, posiblemente bajo la forma de una renta ciudadana de acceso universal, que garantice a cada uno el derecho a la vida, la salud y la satisfacción de sus necesidades esenciales.
Paul Singer
São Paulo, SP, Brasil