Andrea Carolina Jaramillo Contreras Colombia

El gobierno de Colombia firmó el acuerdo de paz en 2016 con uno de los más grandes y antiguos grupos insurgente en Latino América, las FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo). Desde entonces, se están llevando a cabo desde los territorios diferentes procesos de construcción de paz en materia de desarrollo social, económico y político. Así mismo, se está implementando un programa de desarrollo con enfoque territorial (PDET), el cual tiene como objetivo “la transformación estructural del campo y el ámbito rural, y un relacionamiento equitativo entre el campo y la ciudad” (Presidencia de la Republica, 2016:17). Sin embargo, en las 297 páginas que reza este acuerdo no se menciona el rol de la naturaleza como víctima y garante de la paz en Colombia, esto a pesar del sinnúmero de efectos negativos que el conflicto trajo para los recursos naturales. La minería ilegal, la voladura de oleoductos, la explotación forestal y la contaminación de ríos han sido algunas de las tantas consecuencias que ha dejado el conflicto armado en Colombia. Acá cabe preguntarnos ¿aún se pueden recuperar todas estas riquezas naturales durante el proceso de paz o ya estamos en un punto de no retorno?

Tres años después de firmar el acuerdo de paz, en 2019 se reconoce por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), -componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición-, la naturaleza como víctima del conflicto armado en Colombia. Eso significa que además de ser garante de derechos, -como lo que ha sucedido con varios ecosistemas en Colombia- es catalogada también como víctima. ¿Pero qué significa esto? ¿De qué manera un postconflicto puede contribuir a resarcir las secuelas dejadas a la naturaleza? ¿Y más allá de esto, cómo la naturaleza puede ser parte activa de la paz?

Considerar la naturaleza como víctima amerita darle el valor que la designa como un ser vivo que también le ha dolido un conflicto y ha sido afectado posiblemente hasta su no retorno. Ser víctima de un conflicto deja secuelas muy grandes para el medio ambiente, que no solo pueden ser resarcidas creando leyes que se instauren a nivel nacional o internacional. Esto se logra desarrollando condiciones en los territorios para que se construya paz a través de alternativas espirituales y relacionales fuera de los discursos jurídicos occidentales. Esto lleva además a un control territorial de aquellos grupos legales e ilegales que buscan acaparar y explotar los recursos naturales que antes estaban protegidos o controlados por los grupos insurgentes. Además, y como lo plantean el PDET se debe crear un relacionamiento equitativo entre el campo y la ciudad, en donde no solo se exploten los recursos naturales de los territorios solo para cubrir necesidades de los más privilegiados, sino también se cree “Paz territorial” -como lo dice el acuerdo de paz-. En el marco de este proceso se debe garantizar tanto la sostenibilidad económica de los más afectados por el conflicto, como también la reparación y reconciliación con el medio ambiental. Esto requiere hacer proyectos productivos que respondan a los tiempos que la naturaleza necesita para aliviar el dolor que dejó la guerra. Los ríos, bosques y tierras necesitan de tiempo para recuperarse y ofrecer todo de ellos para contribuir en esta paz.

La naturaleza es una víctima sin voz, y su voz debe estar principalmente en aquellos que han sufrido el conflicto, y que vieron como sus recursos naturales fueron abatidos por esta guerra. Su reparación y recuperación debe estar a manos no solo de los grupos armados al margen de la ley, sino también a manos de las empresas multinacionales y nacionales que de manera exacerbada han extraído nuestros recursos a través de alianzas con diferentes grupos legales e ilegales.

El compromiso ahora es que todos y todas escuchemos la voz de la naturaleza, quien ha sido silenciada por tantos años y necesita urgente ser reparada simbólica, espiritual, económica y socialmente.