La otra economía que necesitamos
La otra economía que necesitamos
Camila Piñeiro Harnecker
No se trata sólo de redistribuir riqueza sino sobre todo de crearla de forma justa
No existe una caracterización precisa de lo que constituye otra economía. Pero muchos estamos de acuerdo que se trata no sólo de una que redistribuya la riqueza sino aquella que la cree de manera distinta. La historia nos enseña, una y otra vez, que mientras la economía sea capitalista, los intereses sociales afectados por ella terminarán subordinados a la “necesidad” de acumular ganancias y externalizar costos para triunfar en la competencia de mercado. Bajo una organización económica marcada por la propiedad privada y las relaciones mercantiles o “de mercado”, ambas atomistas y excluyentes, tanto los productores como los consumidores, eventualmente ven los aportes a fondos sociales como un costo e intentan librarse de la responsabilidad de satisfacer necesidades sociales. La solución por tanto es reorganizar los propios ciclos de producción-consumo, y no limitarnos a intentar corregir sus fallos a posteriori. ¿Dónde está la justicia cuando se excluye de la toma de decisiones a aquellos que se van a ver afectados por su implementación?
Hay que sustituir la lógica de la ganancia por la de satisfacer necesidades sociales
Una “otra economía” por tanto, tiene que cambiar su lógica de funcionamiento. El mandato de las empresas no puede ser maximizar la ganancia. El objetivo de las relaciones de intercambio entre productores y consumidores tampoco puede ser maximizar los beneficios de cada parte. En ambos casos se ignoran los intereses de terceros, afectados por esas actividades económicas. Pareciera ser más racional que los actores económicos tengan en cuenta intereses sociales, al menos los de los grupos sobre los cuales impactan más directamente o a los que más se deben. En lugar de aumentar beneficios individuales definidos de manera estrecha, los actores económicos deberían buscar la satisfacción de necesidades y aspiraciones sociales; o lo que es lo mismo, que estas sean tomadas en cuenta lo más posible al definir sus intereses individuales, de modo que puedan satisfacerlos simultáneamente.
No hay responsabilidad social sin participación
Pero no basta con que los actores económicos prometan que van a tomar en cuenta los intereses sociales, que van a ser socialmente responsables. Una otra economía tiene que necesariamente cambiar la forma en que está organizada, y en particular la manera en que las decisiones son tomadas; es ahí donde reside el poder. Sin la participación de representantes de intereses sociales en la toma de decisiones no hay garantía de que ellos serán tomados en cuenta, y menos aún que los que otros interpretan como sus intereses se correspondan con la realidad. La propiedad social de los medios de producción (entendiendo propiedad como un sistema complejo que determina el poder de control sobre la gestión) no puede concebirse sin la participación de los grupos sociales más afectados por la actividad de esos medios. Así, otra economía es en esencia una donde las instituciones (actores y relaciones entre ellos) están bajo control social.
Democratización para articular intereses sociales
Este autogobierno o autogestión social, dada la heterogeneidad y variabilidad de intereses, es solo posible mediante una democracia verdadera que permita la construcción de intereses sociales a partir de intereses individuales y grupales. La deliberación en los procesos de toma de decisiones, en el marco de una moralidad solidaria, es la vía fundamental para acoplar intereses que inicialmente pudieran aparecer como irreconciliables. La gestión democrática de las instituciones económicas lleva implícito el establecimiento de relaciones sociales de asociación y cooperación en lugar de subordinación y competencia.
Participación, fundamental para el desarrollo humano
La democratización de las instituciones económicas debe ocurrir para internalizar no solo los intereses sociales de grupos externos a las empresas, sino también los de sus propios trabajadores. Sería contradictorio democratizar las empresas hacia afuera y al mismo tiempo ignorar los intereses de quienes laboran en ellas. Otra economía no les considera simples recursos del proceso productivo, sino que tiene en cuenta sus necesidades de desarrollarse como seres humanos plenos: siendo creativos, autorrealizándose profesionalmente, relacionándose armónicamente con otras personas y la naturaleza; con capacidades que pueden solo alcanzarse mediante su participación en la gestión. Los distintos modelos de democracia laboral que tienen lugar en empresas autogestionadas deben ser por tanto parte constitutiva de la nueva economía; aunque cuidando de articular los intereses grupales de los colectivos laborales con los sociales, pues deben reconocer que la riqueza que ellos crean no es fruto sólo de su trabajo colectivo sino que también la sociedad ha aportado indirectamente e, incluso, generaciones anteriores de seres vivientes.
Pluralidad de instituciones, privilegiando el futuro
A grandes rasgos, la otra economía que necesitamos es un sistema con una pluralidad de actores que no excluye a las formas empresariales y relaciones de intercambio heredadas del pasado (empresas privadas que contratan trabajo asalariado y relaciones de mercado, respectivamente), pero sí busca limitarlas a sectores no estratégicos –excluyendo también quizás aquellas actividades relacionadas con necesidades básicas– y regularlas de manera que respondan lo más posible a la satisfacción de necesidades sociales. Lo que marca la diferencia de la economía que queremos es el predominio de aquellas formas empresariales y relaciones de intercambio que prefiguran el futuro deseado en el presente: empresas gestionadas democráticamente por sus trabajadores y representantes de los intereses sociales afectados, y relaciones de intercambio horizontal socializadas.
Hacia la concepción del control social macroeconómico
Se ha avanzado en la conceptualización teórica y en experiencias prácticas de lo que deben ser las empresas autogestionadas. Alejándonos de la visión simplista de autonomía total vs. subordinación total, la práctica ha demostrado la necesidad y factibilidad de formas empresariales más complejas que permitan no solo el control de los trabajadores sino también, cuando sea el caso, un control compartido con los grupos afectados por sus actividades económicas. Así, ahora existen, además de las cooperativas tradicionales de autonomía absoluta de un solo tipo de participantes (trabajadores o consumidores), las cooperativas de participantes múltiples donde se pueden incluir trabajadores, consumidores, proveedores, gobiernos y organizaciones locales, así como otras formas de autogestión y cogestión con mayor participación social.
Pero falta por perfilar una visión más clara y aplicable del entorno macroeconómico requerido. La experiencia nos demuestra que las relaciones mercantiles, lejos de propiciar la coordinación armónica entre los actores sociales, llevan a la desintegración social y atentan contra la supervivencia de formas empresariales alternativas. Peor aún, sin control social sobre la actividad económica, esta termina estando al servicio de los más poderosos en lugar de las mayorías. Es necesario diseñar y llevar a la práctica aquellos mecanismos de control social directo o indirecto que sean los más adecuados para los distintos tipos de empresas, intereses sociales y contextos donde se encuentren.
Existen distintas propuestas de cómo socializar las relaciones de intercambio. Por un lado están las que buscan hacerlo sin intervenirlas directamente, solo estableciendo un marco regulatorio indirecto más estricto que establezca los comportamientos esperados, las sanciones y premios correspondientes. Por otro lado están los que defienden la necesidad de un marco institucional que permita que los productores, consumidores y representantes de intereses sociales, coordinen explícitamente sus capacidades y necesidades. En estos modelos de planificación democrática o participativa, los intereses sociales pueden ser internalizados de forma directa mediante la intervención en la gestión de representantes de intereses sociales, o de forma indirecta a través de un proceso repetitivo de ajuste a priori entre la demanda y la oferta, donde los precios reflejan costos y beneficios sociales evaluados democráticamente.
No se concibe una economía controlada por la sociedad sin un sistema político realmente democrático que represente sus intereses mediante procedimientos democráticos no solo para elegir representantes, sino también para decidir estrategias, presupuestos, políticas macroeconómicas y programas sociales acordes. Pero la institucionalidad de otra economía no se reduce a ello, ni siquiera a la participación en la gestión empresarial de representantes gubernamentales. De hecho, tampoco nos sirve una economía burocratizada y por tanto inefectiva. Por tanto el control social deberá darse mediante vías menos directas y mediante la intervención de organizaciones que representen más efectivamente intereses sociales. La clave está en combinar, según cada caso, la autonomía de actores descentralizados con el control social necesario.
Camila Piñeiro Harnecker
La Habana, Cuba