¡Minería y violaciones de derechos humanos
 

Dário Bossi y Danilo Chammas

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América Latina es la mayor fuente de minerales metálicos del mundo, en un momento en el que la obsesión por esa materia prima es creciente en el planeta. Con el ritmo actual de consumo y extración, las reservas mundiales de mineral de hierro se van a agotar en 41 años, las de aluminio en 48, las de cobre y zinc en 18 y 16 respectivamente.

En el caso de la minería, también son los pobres las principales víctimas de violaciones contra los DDHH.

1. Minería versus derechos humanos

La minería no sólo causa impactos puntuales en los territorios alrededor de las minas. Todo gran proyecto necesita de una maciza infraestructura de apoyo, para la generación de energía, la acumulación de agua de lavado, el transporte del mineral o su eliminación a través de caminos, ferrocarril o puertos.

En Brasil, por ejemplo, el tren más largo del mundo tiene 330 vagones serpenteando a lo largo de 900 Km de ferrocarril, en concesión a la compañía Vale, para exportar el mineral de hierro amazónico de Carajás hasta China, Japón y Europa. Un ferrocarril del mismo tamaño está siendo construido entre Mozambique y Malawi, por la misma empresa, para el traslado de carbón mineral.

En Perú, el tan contestado gaseoducto de Camisea se destina principalmente a alimentar los grandes proyectos mineros del Sur del país. Junto con el famoso proyecto de la mina Conga, que movilizó millares de personas en contundentes manifestaciones («Conga no va!»), va el proyecto de la hidroeléctrica de Chadin, de la empresa brasileña Odebrecht, con un enorme pantano que va a perjudicar el caudal del río Marañón, uno de los mayores afluentes del Amazonas.

¡Muchas y diferentes las personas y comunidades que se consideran afectadas por la minería!

1.1 Minería y derecho al medio ambiente

Los impactos más evidentes de la minería son ambientales: deforestación (Carajás, Brasil), acumulación de desechos (el lago Sandy Pond en Canadá desaparecerá por causa del material estéril que la minería va a arrojar en él), polución generada por industrias de la cadena minera (casos de La Oroya en Perú y de Piquiá de Baixo, o de Santa Cruz en Brasil).

La extracción de oro es particularmente impactante: en Pascua Lama (Chile-Argentina), para obtener un gramo de oro sería necesario remover 4 toneladas de roca, consumir 380 litros de agua, 1 kg de explosivo y casi la misma cantidad de cianuro. La energía necesaria para separar 1 gr de oro sería la correspondiente al consumo semanal de una familia argentina media.

La minería contamina el agua (por drenaje ácido sobre las capas freáticas) y consume mucha agua de calidad: en Chile, por ejemplo, las grandes compañías mineras llegan a consumir 13 m3 de agua por segundo, ¡el consumo anual de 6 millones de personas!

1.2 Minería y derecho a la vivienda

Para dejar espacio a los proyectos de minería y a toda su infraestructura, en muchos casos se expulsa a familias o comunidades enteras de sus territorios.

Comunidades rurales y urbanas son despachadas y reasentadas en condiciones y contextos con frecuencia peores que aquellos en los que vivían: está el ejemplo de los reasentamientos de Cateme y 25 de Setembro en Mozambique (para dejar espacio a minas de carbón), El Hatillo, Plan Bonito y Boquerón (Colombia, también por proyectos de carbón) y Piquiá de Baixo (Brasil, caso raro en el que es la propia comunidad la que pide reasentamiento ante la desesperación por la polución a la que se ve condenada).

A pesar de que la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo, recomienda que las comunidades indígenas y tradicionales deben ser requeridas sobre su consentimiento antes de la instalación de cualquier tipo de actividad productiva en sus territorios, el proceso de consulta previa es inexistente, o extremadamente precario, e intencionadamente ineficaz en la mayoría de los países de la región.

Las comunidades indígenas son perjudicadas por los proyectos de minería y su infraestructura, que provocan la tala del bosque, la fuga de los animales de caza, la pérdida de control de los territorios y la reducción de su tamaño. Es el caso, por ejemplo, del pueblo Shuar en Ecuador, o el Awá-Guajá en Brasil.

1.3 Minería y derecho al futuro

La minería instala verdaderas economías de enclave en los territorios en los que va a actuar. La mayor parte de las iniciativas se vuelve hacia la minería, como perspectiva económica casi exclusiva. Eso garantiza los intereses de algunas minorías influyentes a nivel económico y político, nacional e internacional, pero muy raramente permite a las personas y comunidades de aquellos territorios planificar, diversificar sus inversiones, o cualificarse para actividades alternativas, como la agricultura familiar, la micro empresa en otros campos productivos, etc.

Las políticas de desarrollo regional son definidas muy por encima de la posibilidad de participación de los habitantes del territorio, favorecen incentivos fiscales y financiamientos a las actividades ligadas a la minería, y boicotean otras visiones y perspectivas.

Esa falta de alternativas juega a favor de las compañías mineras, generando mano de obra barata que depende cada vez más de ellas y se centraliza, geográfica y económicamente, en torno a las minas, vinculándose permanentemente a ellas.

Las migraciones desmedidas rumbo a modernos «Eldorados» en contextos de miseria y omisión del Estado dan la impresión de un desarrollo falso. Se trata, más bien, de un crecimiento descontrolado que provoca caos y violencia.

Marabá y Parauapebas, por ejemplo, son ciudades del Estado del Pará (Brasil) más próximas a la mayor mina de hierro del mundo, Carajás. Pero están también entre las ciudades más violentas de Brasil: la probabilidad de que un joven muera en ellas por disparos o a cuchilladas es 25% mayor que en Iraq.

1.4 Minería y derecho a la organización social

Quien critica los grandes complejos mineros se expone a persecución judicial, amenazas, calumnias, espionaje, asesinato. El banco de datos sobre conflictos mineros en América Latina presenta con detalle 198 casos de conflictos todavía abiertos en el continente, que afectan a 297 comunidades. El ataque a los movimientos sociales y a las comunidades es patente, y público. En muchos casos, se pone estratégicamente un falso dilema entre el interés colectivo y la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza.

Recientemente, militantes de movimientos sociales que en Brasil se oponen a grandes proyectos de minería fueron espiados, y agentes secretos de las fuerzas públicas y privadas de seguridad se infiltraron en la coordinación de esos movimientos.

Del espionaje a la persecución y a la violencia física la distancia es corta. Recordemos solamente algunas de las masacres más graves, como la de Bagua (Perú, en 2009, con decenas de indígenas desaparecidos y 28 policías asesinados), del puente de Marabá (Brasil, en 1987, con la muerte de varios garimpeiros) y la de Eldorado dos Carajás (Brasil, en 1996, realizado por la Policía Militar Brasileña y, según parece, apoyado por la compañía minera Vale S.A., con el resultado de la muerte de 21 trabajadores rurales Sin Tierra).

1.5 Minería y derechos de la mujer

La minería a gran escala es una violencia también de género. Los impactos descritos anteriormente recaen prioritariamente sobre la vida de las mujeres. En muchos casos, ellas han sufrido el asesinato o el apartamiento de sus maridos, y son amenazadas, enseguida, para que vendan sus tierras a las empresas mineras. Se intensifica la agresión física y el aumento de la explotación sexual en las áreas de minería o de instalación de grandes proyectos.

El despojo de las tierras de familias o comunidades enteras es una violencia sobre todo contra la mujer, en muchos casos responsable de la salud y la seguridad alimentaria de la casa. Los grandes proyectos tienden (en muchos casos a propósito) a desmantelar el tejido social de las comunidades; se pierde un entorno de protección y seguridad, así como la posibilidad de participación.

2. Tres ejes de resistencia

- No a la minería: protestas contra grandes proyectos todavía no instalados de minería e infraestructuras; bloqueos, manifestaciones, acciones judiciales para ver reconocida su ilegalidad, luchas por leyes que prohíban la minería contaminante o descontrolada, campañas internacionales (por ej: “El agua vale más que el oro”, que fue apoyada por el Papa Francisco).

- Garantía de derechos (donde ya hay instalaciones consolidadas): apelo a las instituciones para la defensa de los derechos colectivos, lucha por la mitigación y la reparación de los derechos violados, intentos de retardar la expansión de los proyectos y conjugar la minería con otras actividades socioeconómicas y sus ritmos.

- Pos-extractivismo: debate y acciones a largo plazo para promover un nuevo modelo de vida y una nueva economía.

 

Dário Bossi y Danilo Chammas

Açailândia, MA, Brasil