Mundializar la Justica también en A.L.

Hay significativa coincidencia en varios países del hemisferio en asestar un fuerte golpe a la impunidad y en favor de la recuperación de la memoria histórica, respecto a las graves violaciones a los derechos humanos en épocas pasadas.

ARGENTINA: El 6 de marzo de 2001, el Juez Gabriel Cevallo declaró “la invalidez, la incons-titu-cio-nalidad y la nulidad insanable” de las leyes de Obe-diencia Debida y Punto Final. la invalidez de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Con esta valiente medida podrá conocerse mejor el destino de 30.000 «desaparecidos» durante la guerra sucia y poner fin a la impunidad de secuestradores, asesinos y torturadores.

CHILE: Sea cual sea la conclusión del proceso contra Pinochet, él y su dictadura ya han sido condenados moralmente ante todo el mundo. A pesar de lo férrea que fue su dictadura, se está doblegando a la Justicia, y en buena parte ha sido por la acción internacional, por la mundialización de la Justicia.

GUATEMALA: UNICEF dio a conocer un informe sobre los crímenes de la guerra entre 1960 y 1996, de los cuales, el 93% se atribuyen a las Fuerzas de Seguridad del Estado. El 18% de las violaciones a los derechos humanos como la tortura, el asesinato, la violación y la «desaparición» afectaron a niños. Se recurrió a la tortura sistemática y a la violación como arma de represión. Dos tercios fueron mujeres menores de 17 años.

MÉXICO: El secretario general de Amnistía Internacional, Pierre Sané, realizó una visita al país en marzo de 2001. Constató que continúan las prác-ticas de tortura, detenciones arbitrarias, desa-pari-ciones, matanzas políticas y acoso contra los defen-sores de los derechos humanos, todas «protegidas por la impunidad». Siguen en la impunidad masacres como la de estudiantes en Tlaltelolco (1968), la de in-dí-ge-nas en Acteal (1996), de Aguas Blancas, (1995), El Charco (1998) y las desapariciones forzosas de la guerra sucia de la década de los 70.

PERÚ: De 1980 a 1996 desaparecieron en Perú 7.382 personas, hubo 514 ejecuciones extra-ju-di-cia-les y la mayoría de las víctimas fueron detenidas por las fuerzas armadas y policiales, según un informe de la Defensoría del Pueblo dado a conocer ahora.