Paraguay: irrupción de la sociedad
De Rodríguez a Wasmosy: transición inconclusa
 

Carlos M. Martini

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Abril de 1994.

El año 1989 fue el quiebre de la dictadura. Al año siguiente, 1990 el país contó con un nuevo Código Electoral. En 1991 la ciudadanía eligió por primera vez a intententes. En 1992 se sancionó la primera Constitución democrática en nuestra historia y en 1993 asumió un presidente civil después de casi cuarenta años de presencia militar en el Palacio de López . Y en todos estos años de transición el clima de libertades públicas marcó la nota distintiva de un país que paso a paso iba rompiendo los moldes políticos de su pasado reciente.

Las elecciones del 9 de mayo de 1993.

La campaña se desarrolló en un marco de amplio pluralismo. El interés de la población iba creciendo a medida que se acercaba la fecha de los comicios. Eran las primeras elecciones generales que podían ser efectivamente competitivas considerando que las del 1º de mayo de 1989 sirvieron para legitimar la presidencia del general Rodríguez.

Sin embargo un conjunto de factores impidieron que las elecciones del 9 de mayo señalaran el final de la transición y el inicio de un Estado de Derecho. Las dificultades impuestas por la Junta Electoral Central (JEC) en la entrega de los padrones a los partidos y la negativa de entregarlos en medio magnético, el cierre de las fronteras el día de las elecciones, los obstáculos puestos a los vigilantes de la democracia, el extraño corte de líneas al consorcio SAKA, encargado de los cómputos paralelos, el uso de los bienes del Estado a favor de la ANR y, principalmente, el abierto apoyo a la dupla colorada por parte del entonces comandante del Primer Cuerpo de Ejército, general Lino Oviedo, quien en las últimas semanas se convirtió en el real jefe de campaña del binomio Wasmosy-Seifart, impiden considerar esas elecciones como satisfactoriamente democráticas.

El requisito central de la neutralidad de las instituciones castrenses en el sistema político quedó como una de las más importantes tareas pendientes.

Un nuevo mapa político.

Pese a esas limitaciones en el plano de los procedimientos necesarios para unas elecciones competitivas, el mapa político se complejizó y obligó a los actores principales a una lógica de negociaciones y alianzas. Un Congreso con mayoría de signo distinto al Ejecutivo señala una de las diferencias mayores con la transición hasta mayo de 1993. La gestión parlamentaria se ha vuelto más complicada. Se imponen negociaciones, acuerdos, alianzas, diálogos permanentes al haber desaparecido mayorías cristalizadas. Y esta dinámica del pluralismo negociador en el marco de la diversidad es un componente fundamental de un Estado de Derecho. Más allá de las reales o supuestas motivaciones la iniciativa del pacto de gobernabilidad de Domingo Laíno o el “compromiso democrático” entre gobierno y oposición para la reforma judicial se ubican en este nuevo escenario de mayor equilibrio entre las fuerzas políticas.

Tiempo político y tiempo social.

Entre la asunción de Juan Carlos Wasmosy el 15 de agosto de 1993 y el mes de enero de 1994 el calendario siguió siendo eminentemente político. Los dos grandes temas fueron el del Poder Judicial y el de la legislación militar. En el primero se llegó al acuerdo llamado “compromiso democrático” firmado entre el Ejecutivo y el Legislativo que permitió la promulgación a finales de marzo de 1994 de la ley del Consejo de la Magistratura, con lo cual se pone en marcha el proceso de reforma judicial. Con respecto a la cuestión militar, el Ejecutivo solicitó la inconstitucionalidad de la ley 244 que derogaba a su vez la 216 que aprobó a finales de junio el anterior Congreso. Uno de los puntos de diferencia está en que el Ejecutivo se ratifica en la creación de la figura de la Comandancia de las Fuerzas Militares, cargo que corresponderá a un militar, y la mayoría del Legislativo sostiene que ese cargo es innecesario y puede restar poder al presidente.

En medio de ese tiempo político irrumpieron las protestas campesinas el 14 de febrero con cortes de rutas que se fueron extendiendo y que culminaban en la manifestación del 15 de marzo, la mayor concentración campesina que se recuerda en el país. El tema que hizo estallar el conflicto fue el precio del algodón. Los campesinos contaron con el apoyo de la Iglesia Católica y con la compresión de sus reclamos por parte de la ciudadanía.

Y dentro de una estrategia de búsqueda de corresponsabilizar a toda la sociedad de la administración de los conflictos sociales crea el Consejo de Desarrollo Social.

En síntesis, hasta enero del 94 el calendario siguió siendo político. En febrero hace su irrupción la sociedad a través de uno de los sectores más castigados por el empobrecimiento socioeconómico. Aquí está el resumen del escenario: las libertades se mantienen. Es posible -dependerá de la evolución de los temas judicial y militar- que se avance en la democratización política. Pero al mismo tiempo se continúa el empobrecimiento de la mayoría de la población, lo cual puede afectar en el futuro en forma negativa a la credibilidad del sistema político.