“Soy porque somos. No me persiguen a mí, persiguen a mi pueblo por defender la vida, no solo de ellos sino de todos. El territorio es la vida y la vida no se vende, se ama y se defiende.” 

Francia Márquez, Harrinson Cuero Campa Colombia

Ya no hay duda, miles de científicos alrededor del mundo y organismos internacionales como la ONU confirman lo advertido por los pueblos milenarios desde hace siglos: la vida en nuestra casa grande está en riesgo. La única salida es un cambio radical en nuestra cosmovisión, en la relación de la humanidad con la Tierra y los demás seres que la habitan. Pero quienes se lucran a costa del sufrimiento humano y del deterioro ambiental se resisten a fin de mantener sus privilegios y atentan contra nuestra comunidad y contra los líderes sociales y ambientales.

¿El periodismo mercenario y las luchas sociales?

“Una verdad a medias es una gran mentira”, reza el dicho popular. Se han presentado distintas versiones de lo que ocurre en la comunidad colombiana de la Toma, la causa que impulsó a Francia Márquez a hacerse parte de la lucha colectiva del pueblo negro. Unas versiones desde aspectos étnico, otras del ambiental o de género, pero hay quienes malintencionadamente intentan confundir presentando relatos parciales. Con ello, aumentan el riesgo de muerte de los líderes locales y la presión económica y armada sobre el territorio. En el fondo estos relatos parcializados buscan favorecer a quienes están en contra de los derechos colectivos de los pueblos que se resisten y luchan por cuidar la casa grande.

Un análisis serio del corregimiento de la Toma pondría luz en el contexto de violencia sociocultural en el cual se desarrolla la minería legal e ilegal en el país así como la agroindustria de la palma. Pero sobre todo un periodismo ético buscaría prevenir que sus escritos incrementa el riesgo de muerte sobre los y las líderes en territorios tan complicados como los de las comunidades étnicas del litoral pacífico y de los valles interandinos; el consejo comunitario afrodescendiente de la Toma es uno de ellos.

La Constitución de 1991 declaró a Colombia como un Estado pluriétnico y multicultural y ratificó los derechos colectivos de los pueblos. Desde entonces no cesa el ataque por parte de actores reales de poder contra estos derechos. El periodismo tendencioso es parte integral de esta estrategia. Este ataque sistemático fruto de la complicidad entre instituciones estatales y particulares, busca el desarraigo de la población, cambiando radicalmente su cosmovisión y proyectos de vida colectivos. Paradójicamente ha sido la Corte Constitucional colombiana quien ha develado oficialmente la pretensión de oscuros poderes sobre el control de los recursos naturales de territorios de comunidades étnicas. Al analizar este fenómeno la Corte identificó “factores transversales” que inciden en la vulneración sistemática de los derechos territoriales de la gente negra en Colombia: exclusión estructural, debilidad jurídica del territorio y las presiones por intereses de corte extractivista (agropecuarios o minero-energéticos).

Son estos intereses extractivistas (Globales) los beneficiarios del periodismo mercenario. Todo apunta a pensar que la meta es romper la resistencia que presentan los derechos colectivos. Intereses mineros, palmeros, de narcotráfico y de megaproyectos de infraestructura estarían detrás de las presiones sobre las autoridades étnicas. Estas han sido silenciadas desde 1997 a punta de fusil, amenazas o de montajes judiciales.

En la estrategia en contra de los derechos territoriales y colectivos se puede identificar un patrón:

1) Se establece un interés económico sobre territorios de comunidades negras, indígenas o campesinas.

2) Los locales activan las herramientas legales para defender sus derechos. 3) El Estado responde, usualmente con el aparato judicial, con alguna medida que detiene temporalmente el desarrollo legal del proyecto. Pese a las medidas el proyecto continúa  gracias a argucias legales y a presiones de fuerzas ocultas (mercenarios).

4) Durante el largo proceso judicial la comunidad es fragmentada, los líderes amenazados y/o eliminados física o políticamente. Muchas veces ante la imposibilidad de quebrantar a los líderes se hace uso de colonos, personas de otras regiones del país que se convierten en el brazo político visible de los “inversionistas”.

Las trampas jurídicas y las sentencias de la Corte Constitucional.

En enero de 2009 la Corte Constitucional emitió órdenes directas a distintas entidades del Estado a favor de las comunidades negras e indígenas, sin embargo, ninguna de ellas se ha cumplido y las comunidades siguen vulnerables y siendo vulneradas y ningún funcionario del Estado ha sido sancionado por desacatar las órdenes del alto tribunal. Las comunidades de la Toma creyeron que la sentencia de la Corte Constitucional de 2010 había dejado sin efecto los títulos mineros de quienes pretendían desalojarlas de sus tierras. Nueve años después se supo que solo fueron suspendidos temporalmente, no eliminados, en espera de la realización de una consulta previa. Ahora las autoridades intentan facilitar el avance del proyecto minero.

A primera vista una consulta sería encomiable, pues implicaría que las comunidades podrían tomar la decisión más cercana a sus intereses, pero en el escenario actual, la consulta sería una hipocresía democrática que facilitaría la entrega del territorio étnico a las empresas mineras. Desde la suspensión del título minero a la fecha las autoridades locales han sido debilitadas, las comunidades fragmentada y los foráneos han tomado posición con importantes ventanas mediáticas para oponerse junto a algunos locales a las medidas de protección territorial dispuestas por el Estado.

Exponer a mayor riesgo de muerte a los líderes que resisten.

La cuenta de líderes asesinados supera los 400 desde la firma de los acuerdos de paz en el 2017 y la cifra sigue en alarmante aumento en el 2020. Pero esto no detiene al periodismo mercenario y el Estado como parte de la estrategia cumple su rol al negar o minimizar en los medios de comunicación el exterminio de líderes sociales.

Francia Márquez, quizás la dirigente étnica más amenazada de muerte del país quien sufrió hace poco un atentado junto a otros dirigentes afro de la región, es una de las voceras al frente de la defensa de los derechos territoriales de las comunidades del corregimiento de la Toma y de los derechos colectivos en el país, de ahí la fuente de su persecución.

Ante el fracaso en los intentos por debilitar la determinación de esta mujer negra y de los demás miembros de la Junta del Consejo comunitario, la estrategia ahora parece ser eliminarlos políticamente, debilitando su liderazgo al fragmentar las comunidades que ellos representan. Pero es clave resaltar que esto no es contra Francia o la Toma, representa un ataque contra los derechos colectivos de los pueblos y el derecho a la vida en dignidad de las generaciones futuras. ¿Terminarán las comunidades del corregimiento de la Toma acorraladas por la mega minería ante el silencio cómplice de la sociedad? ¿Terminaran los derechos colectivos convertidos en adornos jurídicos, como las muchas sentencias de tutela de Corte Constitucional? ¿Reaccionará el periodismo serio y responsable a este ataque directo a su labor?

Los distintos mensajes de alerta que envía la Pachamama, son una urgente invitación a la acción colectiva de la humanidad, a despertar y levantarse en contra de la crisis ambiental. Son la prueba de que cada día la vida en el planeta se reduce y que solo con el levantamiento comunitario coordinado desde todos los polos del planeta se puede detener esta política de muerte.

Las comunidades europeas, por siglos desarticuladas e individualizadas, deben entender que su estilo de vida está en la base de la crisis climática, social y ética que afrontamos. Entender que sus gobiernos (élites), en la cima del modelo capitalista, imponen presiones insoportables a países con el potencial ambiental y sociocultural para encontrar alternativas. Los ciudadanos de las potencias coloniales y neocoloniales deben asumir su responsabilidad de siglos de abusos ambientales y reorientar su estilo de vida. El planeta no discriminará entre primer y tercer mundo frente a la destrucción global que se nos avecina. Debemos actuar ya, no queda tiempo para las dudas y menos para los discursos.