Hacia una nueva presencia política
Pueblos indígenas en éxodo
 

Paulino MONTEJO

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La invasión europea hartamente impugnada, con sobrada razón, en 1992 y ahora por ocasión de las conmemoraciones del quinto centenario del llamado descubrimiento del Brasil, en 1500, instauró en Abya-Yala un interminable proceso de dominación, que en los primeros años de la conquista aniquiló a más de 75 millones de habitantes y provoca hasta nuestros días elevados números de víctimas, cuyo único delito es reivindicar el goce pleno de sus derechos históricamente negados.

En pleno fin de siglo, las relaciones de los Estados y de las élites nacionales con los pueblos indígenas están marcadas por prácticas abiertas de genocidio, ecocidio y etnocidio. O sea, los pueblos originarios continúan siendo víctimas del exterminio físico (masacres y asesinatos selectivos), de la usurpación y depredación de su territorio y recursos naturales y de políticas gubernamentales integracionistas y discriminadoras. Para muestra, basta recordar, entre otros hechos, las matanzas de indígenas practicadas en las últimas décadas por los militares guatemaltecos, las medidas jurídicas que restringen, violando la Constitución vigente, el derecho a la tierra en el Brasil, las constantes concesiones de explotación mineral o maderera en territorios indígenas, negociadas con empresas transnacionales en Nicaragua y Guyana Inglesa y la desatención gubernamental a las demandas específicas, como el derecho a la libre determinación (autonomía), en México y Colombia. Así, la guerra de conquista, la colonización y el pillaje, traducidas en prácticas que van de carnicerías humanas al sofisticado tráfico de células humanas, continúan avanzando sobre los primeros habitantes del Continente.

Sin embargo, los pueblos indígenas persisten y dan pruebas de que no están, como muchos piensan, condenados a desaparecer. A pesar de las guerras forjadas y de las más variadas formas de exterminio, explotación y discriminación, éstos suman hoy en las Américas alrededor de 43 millones de habitantes, más o menos 7% de la población total del Continente (650 millones). Exceptuando las islas del Caribe, donde fueron totalmente extinguidos, los indígenas viven prácticamente en todos los países del Continente. En Guatemala, Bolivia, Ecuador, Perú y México se localiza el 90% de la población indígena. En Guatemala y Bolivia son mayoría; en algunos países como Ecuador, Perú y México son segmentos significativos, generalmente clasificados como «campesinos». En otros países como Brasil, Argentina y El Salvador, los pueblos indígenas fueron reducidos a una condición minoritaria. En Brasil, por ejemplo, los indígenas, que al momento de la invasión portuguesa eran 5 millones, fueron reducidos a una población de 325 mil habitantes, pertenecientes a más de 200 pueblos diferentes.

En todos los casos, los pueblos indígenas siempre fueron despreciados por los gobernantes y las élites nacionales, que los consideran simples residuos del pasado, ciudadanos de segunda clase, obstáculos al “progreso” o la “modernidad” y, por tanto, remanentes que deben ser, expresa o sutilmente, aniquilados.

No obstante, los pueblos indígenas, además del crecimiento demográfico, protagonizan procesos de re-etnificación o reconstrucción étnica y emergen, como verdaderos sujetos políticos, en algunos casos con mucha fuerza y poder (vgr. Chiapas, Ecuador, etc.) en la definición de su destino. Este avance etno-político incomoda claramente a las clases dominantes y sus gobernantes, que temen la configuración de los pueblos indígenas como entes políticos, y por ende, como sujetos que amenazan el status quo y las estructuras de un Estado nacional supuestamente consolidado.

De esta forma asistimos a lo largo de Abya-Yala a las más variadas formas de lucha que revelan el acúmulo de experiencias, su grado de indignación y concientización y su capacidad hacer valer sus derechos.

Esta movilización política incluye las siguientes demandas:

-el reconocimiento y respeto a su condición de pueblos, con identidad y existencia colectiva diferenciadas, profundamente amenazadas con la agudización del «integracionismo» por la globalización y al capitalismo neoliberal;

-el reconocimiento del carácter multiétnico y pluricultural de los Estados nacionales de que forman parte;

-el respeto a su derecho a la tierra y territorios tradicionales, que implica tener el usufructo exclusivo de sus recursos naturales, de suelo y subsuelo, y disponer de condiciones que favorezcan su desarrollo autogestionario, basado en el respeto a sus formas tradicionales de producción;

-el respeto a su derecho al ejercicio de la libre determinación o autodeterminación, ejercido en su forma de autonomía en el marco de cada Estado-nación;

-la alteridad de su sistema jurídico tradicional, sus normas y leyes no escritas pero que regulan su vida social, conocido como derecho originario, indígena o consuetudinario;

-la promoción de sus derechos lingüísticos, educa-cionales y medicinales autóctonos y el reconoci-miento de sus instituciones sociales, políticas y religio-sas tradicionales;

-el derecho de propiedad intelectual sobre su cultura y sabiduría milenaria;

-la protección del medio ambiente y el respeto a la biodiversidad y de los genes indígenas.

-En fin, el derecho de ser protagonistas y gestores de su propio destino, de ser reconocidos y admitidos como interlocutores legítimos y responsables directos, en el debate nacional e internacional y en la construcción de su futuro.

Los gobiernos se enfrentan con muchas restricciones a estas demandas, dentro o fuera de su país, particular-mente cuando está en discusión la identidad de pueblos, el territorio y la autonomía, como expresión concreta del derecho a la libre determinación, porque supuestamente atentan contra la unidad nacional, la integridad territorial y la soberanía del Estado-nación.

No obstante las resistencias, es cada vez mayor en la comunidad internacional la tendencia a reconocer a los pueblos indígenas derechos colectivos, más allá de los derechos individuales o derechos humanos fundamen-tales, lo que crea condiciones para ser considerados incluso sujetos del derecho internacional.

Este tratamiento todavía limitado de los derechos indígenas, consta, entre otros instrumentos, en algunas Constituciones nacionales, en el Convenio 169 de la OIT, en el Convenio Constitutivo del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, en el Proyecto de Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, de la ONU, y en el Proyecto de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, de la OEA.

La tarea no es fácil, puesto que implica confrontarse con desafíos impuestos por la globalización y el modelo neoliberal y por las propias deficiencias del movimiento indígena. Entre los primeros podemos citar las políticas gubernamentales que se proponen:

-adecuar las legislaciones indigenistas y subordinar los derechos indígenas a los intereses del capital nacional y transnacional;

-deslegitimar las luchas indígenas, tergiversando el sentido de las demandas; reprimiendo, asesinando o denigrando la imagen de líderes y organizaciones; aislando pueblos y comunidades;

-implementar programas asistenciales o de carácter colaboracionista, a fin de desmovilizar o despolitizar las luchas indígenas;

-hacer concesiones cuyo fin último es contener el avance de las luchas autonómicas y restringir las demandas indígenas a aspectos que no amenacen la ideología y la lógica del sistema;

-reducir al máximo los fondos presupuestarios destinados a programas específicos de salud, educación, sostenibilidad y legalización de tierras;

-dividir pueblos y comunidades mediante la corrupción de líderes y organizaciones, con ofertas inmorales de altas sumas de dinero o de tentadores cargos públicos; o con la imposición de alternativas de desarrollo como el ecoturismo, la explotación petrolera y florestal y la institucionalización de programas de investigación fitogenética o biogenética.

Entre los desafíos resultantes de la propia dinámica del movimiento indígena podemos citar:

-la necesaria desburocratización y desindividuali-zación del movimiento indígena;

-la formación y cualificación de cuadros en el movimiento indígena, capacitados para formular, defender e implementar los derechos de sus pueblos;

-el protagonismo de las bases indígenas, tanto en los espacios deliberativos como ejecutivos;

-el carácter transcomunal de la luchas indígenas, o sea, el entendimiento de que la causa indígena es una cuestión nacional, que no interesa sólo a los indígenas y sus aliados más próximos;

-la articulación del proyecto indígena en un proyecto mayor de sociedad democrática, multiétnica y pluricul-tural.

Como se ve, a pesar de las tentativas de los opre-sores en subyugar o aniquilar a los pueblos indí-genas, estos seguirán sacando fuerzas de su pasado, superando las adversidades del presente y haciendo realidad, en sus luchas cotidianas, su proyecto de futuro.

Paulino MONTEJO

Maya-Jakalteko, de Guatemala, Profesor en Historia y Estudios Sociales, Asesor del Consejo Indigenista Misionero (CIMI), de la CNBB y Coordinador de la Agencia Latinoamericana de Información (ALAI) en el Brasil.