Puerto Rico: Nación caribeña que resiste y lucha

Pablo Marcano García

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Puerto Rico es una isla ubicada en el Mar Caribe. Forma parte del archipiélago antillano, integrando las Antillas Mayores junto a Cuba, República Domini­cana, Haití y Jamaica. Su pobla­ción actual es de 3,6 millones de habitantes, además de los 2,7 millones de puertorriqueños que residen en EEUU como resultado de las condiciones socioeconómi­cas prevalecientes en Puerto Rico.

Durante quinientos años nuestro pueblo ha sido víctima de las más diversas y abyectas formas de dominación y opresión. La llegada de los europeos a nuestra tierra marca el inicio de cuatro siglos orientados por la violencia, destacándose empresas tan inhumanas como el genocidio indígena, la esclavitud negra, la semi-esclavitud del blanco pobre mediante la "libreta de jornaleros", así como las penas supliciantes ("componte") impuestas a los conspiradores o insurrectos. En 1898 nuestra nación es invadida por EEUU, quedando subordinada política, económica y militarmente a dicho país.

Control económico

Desde el inicio de la invasión, EEUU crea las condiciones para imponer un modelo de domina­ción encaminado a lograr un control económico que hasta el día de hoy priva, en lo esencial, a los puertorriqueños de su derecho exclusivo sobre sus riquezas y recursos naturales. Ese dominio económico se expresa en estos momentos en un control del 80% de la inversión en la manufactura, un 60% del capital financiero y un 70% de la actividad comercial. De hecho, la condición cautiva de nuestro mercado nos convierte en el principal comprador de produc­tos estadounidenses en América Latina y el quinto en el mundo. La inversión de capital de EEUU en Puerto Rico rebasa los 30 mil millones de dólares (el 41% de sus inversiones en América Latina están en Puerto Rico), lo que les genera ganancias anuales estima­das en 12 mil millones de dólares. Puerto Rico mantiene la deuda externa per cápita más alta de toda la América Latina.

El monocultivo o economía de enclave en la primera etapa de dominación, la industria liviana que le sucede, las petroquímicas o la presente industria farmacéutica y electrónica, han sido modelos económicos implementados en función de los intereses metropoli­tanos y en menoscabo de nuestro pueblo y su patrimonio. Bastaría tan sólo señalar:

1) que el 45% de nuestra población reside hoy en EEUU, en condiciones sumamente desventa­josas, como parte integral de esos modelos de desarrollo; 2) que el desempleo se ha mantenido por décadas, según las cifras oficiales en alrededor de un 18% (54% entre jóvenes de 16 a 19 años); 3) que un 60% de nuestras familias dependen del Estado para su subsistencia; 4) que más de un 13% de nuestra población está alcoholizada, que existe un deprimente cuadro de 600 mil personas (1 de cada 5) con salud mental afectada y más de 100 mil adictos a drogas; 5) que esas alarmantes cifras inciden en los presentes patrones y tendencias de criminalidad y violencia que experimenta nuestro país (violen­cia doméstica, contra la integridad y derechos de la mujer, maltrato de menores, asesinatos por robos o por controlar puntos de drogas y violencia en las carreteras). Si a esto añadimos la deserción escolar, los problemas de vivien­da, la falta de atención médica adecua­da, los graves problemas de contaminación ambiental o la ocupación militar de los residen­ciales públicos, tenemos un cuadro más claro de lo que representa la intervención de EEUU y el dominio del gran capital monopolístico en nuestro país. Tendríamos además un cuadro más claro de la amplia capacidad de resistencia de nuestro pueblo que, ante tanto deterioro social e intentos por destruir nuestra nacionalidad, se reafirma latinoamericano y caribeño y se organiza y lucha por una mejor calidad de vida.

Control militar

El comandante en jefe del ejército en Puerto Rico es el presidente de EEUU. En nuestro país EEUU tiene su base naval más importante para el Atlántico: Roosevelt Road, con depósitos y tránsito de armas nucleares (en violación a los Tratados de Tlatelolco). Casi el 70% de la isla de Vieques (al este de Ceiba) lo ocupa una base naval adscrita al complejo Roosevelt Road. Ambas ocupan más 36 mil acres de nuestro territorio nacio­nal. Esto resulta más grave si consideramos que el 13% de las mejores tierras cultivables de toda la nación están ocupadas por bases militares. En el ejército de EEUU sirven actual­mente unos 40 mil puertorrique­ños sin contar los compatriotas nacidos o que viven en EEUU y desde 1917 han sido reclutados (la gran mayoría mediante servicio militar obligato­rio): más de 250.000 boricuas.

Lo peor de todo esto es que nuestro suelo ha sido utilizado como centro de adiestramiento para las fuerzas coactivas de Centro y Sur América y como base de ensayo y agresión para las intervenciones en República Dominicana (1965), Granada (1983) y Panamá (1989).

Control político y criminaliza­ción de la lucha de independencia

En1998 se cumplirán 100 años de la firma del Tratado de París que concluyó la Guerra Hispano-Norteamericana y legitimizó la condición colonial que aún pervive en nuestro país. Esa relación de subordinación política, económica y militar continúa vigente, disfrazada bajo el nombre de "Estado Libre Asociado" (ELA).

Este engendro colonialista del E.L.A. fue resultado de la crisis planteada por el nacionalismo puertorriqueño, dirigido por Pedro Albizu Campos. La lucha del nacionalismo no sólo frena la estrategia de asimilación cultural que trata de imponerse a nuestro pueblo, sino que desafía abierta­mente ‑con su ataque armado al Congreso Norteamericano y al presidente Truman‑ la intención de perpetuar impunemente el colonialismo en Puerto Rico.

En la concepción albizuista de no colaboración con el régimen y de resistencia y confrontación armada al colonialismo quedaría evidenciada la capacidad de coer­ción del gobierno interventor. Esta concepción de lucha desata la más encarnizada persecución (acosamientos, asesinatos, masa­cres, mordaza, venganzas, ajusti­ciamientos y miles de arrestos) y mostró el verdadero rostro represivo de la legitimidad estadounidense en Puerto Rico. El ELA surge para criollizar y efectivi­zar esas formas de domina­ción, de control y violencia sobre nuestro pueblo.

La ficción de que Puerto Rico había sido investido de atributos de soberanía política y de que había ejercido su voluntad de forma libre y democrática queda­ba desmentida ante la amplia gama de poderes que retenía el Congreso. Este se quedó con absoluto control del espacio aéreo, aviación, comunicaciones internas y externas, aguas circun­dantes, moneda, suelo y subsuelo, política laboral y salarial, leyes ambientales y todo lo relacionado con la defensa, las fuerzas arma­das y el derecho a determinar la constitucionalidad de las leyes, etc.

Con esta criollización del poder se consolidan las bases necesarias para poder garantizar la paz industrial necesaria al gran capital estadounidense y se desata una descarada guerra al indepen­dentismo puertorriqueño, ponien­do en marcha los mecanismos conspiratorios para proscribir la lucha por la independencia nacional.

A través del maquillaje del E.L.A. se mantiene una estructura represiva en la que se destacan instituciones como el FBI, la Corte Federal de EEUU, la CIA, la Guardia Nacional del Ejército Norteamericano y diversas agencias de inteligencia de las distintas ramas militares estadouni­denses.

Mientras EEUU propaga una imagen de campeón de los derechos humanos en el mundo, en su propia relación de Estado imperial contra el pueblo de Puerto Rico mantiene esos organismos que son más represi­vos que los que denuncia interna­cionalmente. Bastaría señalar que tiene a sus órdenes un elemento armado por cada 81 puertorri­que­ños, mientras la sangrienta dictadura de Somoza, en plena guerra contra los sandinistas, sólo tenía un hombre armado por cada 400 nicaragüenses. La dictadura de Franco tenía sólo 100 mil carpetas de españoles fichados como subversivos entre 35 millones: una por cada 350 españoles. En el E.L.A. hay (según sus propias cifras) 137 mil expe­dien­tes: una carpeta de subversivo por cada 25 puertorri­queños.

Actualmente hay 16 prisione­ros políticos puertorriqueños en cárceles de EEUU. Además del destierro se les han impuesto sentencias desproporcionadas de un promedio de 78 años. Ellos y los que les precedie­ron represen­tan a los sectores ambien­talistas, pro dere­chos humanos, comunita­rios, de mujeres, trabaja­dores, políticos, culturales, religiosos… que proponen senderos de libertad y justicia para nuestro país. Son expresión viva de un pueblo que resiste y lucha por unirse al concurso de países libres e independientes del mundo.

 

Pablo Marcano García

exprisionero político