Reabrir los archivos de las dictaduras
Derecho a saber y deber de recordar
Archivos de la represión,
políticas de memoria y de olvido
en los países del Cono Sur
Laura Bálsamo
Hacia la década de los años 60 y hasta los años 90, diversos Estados de América del Sur iniciaron un conjunto de prácticas políticas e ideológicas, que más tarde se conocerán como “terrorismo de estado”, enmarcadas en la «Doctrina de la Seguridad Nacional», bajo gobiernos autoritarios y dictatoriales. La coordinación represiva entre los distintos Estados tuvo una expresión sangrienta y tristemente eficaz: el denominado «Plan Cóndor».
Con el advenimiento de la democracia en todo el Cono Sur latinoamericano, ante las múltiples violaciones a los DD.HH., las organizaciones de DD.HH. y gran parte de la sociedad reclaman justicia y reivindican el derecho a la verdad o derecho a saber, y el deber de la memoria o deber de recordar.
Justicia
El reclamo de justicia para acabar con la impunidad tuvo distinta suerte en los diferentes países, desde la impunidad absoluta impuesta por ley y convalidada por la población a través de un referéndum, en Uruguay, hasta el juicio a las Juntas y los procesos a los militares por secuestros de menores, en Argentina. En la mayoría de los países hubo leyes de «punto final» o de amnistía para los militares que cometieron las violaciones de DD.HH.
Verdad
Asimismo se conformaron en los diferentes países las denominadas Comisiones de la Verdad, creadas para ayudar a sociedades que han enfrentado situaciones de violencia política a superar los traumas creados y a evitar que todo ello se repita. Los objetivos específicos son la investigación de las violaciones contra los DD.HH., el establecimiento de las responsabilidades jurídicas y la recomendación de una política de reparación a las víctimas. En algunos países estas comisiones fueron fruto de una resolución gubernamental, en otros surgieron de las organizaciones de DD.HH.
Memoria
A partir del denominado “terrorismo de Estado” surgieron, se crearon y formaron archivos: documentos, datos, números, que hablan de los afectados y de los que afectaron, de civiles, militares, torturados y desaparecidos; en fin, de la sociedad entera. Su existencia fue en muchos países, sistemáticamente negada por los gobiernos, durante años.
El acceso a los archivos como parte del trabajo de recuperación de la memoria es de crucial importancia, pues los archivos de la represión, son uno de los puntos de partida para comenzar a reconstruir una sociedad digna, justa, y democrática. Es necesario preservar los documentos que testimonian la magnitud de la represión y la existencia de las víctimas, para que el «memoricidio» (olvido deliberado de las atrocidades cometidas por parte del Estado) que se intentó por parte de los regímenes dictatoriales y de algunos gobiernos democráticos que les sucedieron, no se instaure. Asimismo, los archivos pueden servir como medio de prueba para las víctimas en el ejercicio de sus derechos, y además sirve para la identificación de las responsabilidades por la violación de los DD.HH.
Apertura de archivos
En Brasil, entre 1991 y 1996 se recuperaron -a causa de la presión de los organismos de derechos humanos- algunos de los archivos de los DOPS (Departamento de Orden Político y Social). Éstos se transfirieron a los archivos públicos y comenzaron a ser de acceso público. Son archivos provenientes de la policía política que han constituido fuentes de gran valor para el ejercicio del habeas data -reconocido en la constitución brasileña- para el reclamo de compensaciones por parte de las víctimas de las violaciones contra los derechos humanos y para la localización de desaparecidos.
Los archivos pertenecientes al área militar aún no se han abierto para el acceso público debido a un decreto por el cual se establecen plazos extensísimos para la desclasificación de la información secreta. (El Presidente Fernando Henrique Cardozo establecía un plazo de 50 años, con prórroga indefinida; el Presidente Lula lo bajó a 30 años prorrogables a 30 más).
El único caso de acceso a un archivo militar es el de un equipo de abogados que fotocopiaron los procesos que estaban en poder del Superior Tribunal Militar, donde ex-presos denunciaban torturas y torturadores. Con esa filtración se editó posteriormente el libro Brasil Nunca mais.
En Argentina, en 1998 fue descubierto el Archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que posteriormente fue cedido a la «Comisión Provincial por la Memoria». Esta Comisión es un organismo creado por ley e integrado por personalidades provenientes de las organizaciones de DDHH, legisladores, y periodistas. En la Comisión hay un equipo que trabaja en la tarea de desclasificación, mapeo, conservación y digitalización de los documentos. El archivo contiene casi cuatro millones de folios y trescientas mil fichas personales y temáticas que van desde la década de 1940 hasta 1998, más 750 casetes de video y 160 casetes de audio con grabaciones de eventos y escuchas.
En el año 2003, el presidente Kirchner creó el «Archivo Nacional de la Memoria», dependiente de la Secretaría de DD.HH. de la Nación. Ese archivo tiene como actividades fundamentales el obtener, analizar, clasificar, digitalizar y archivar informaciones, testimonios y documentos sobre el quebrantamiento de los DDHH. Tiene en su acervo los archivos de la CONADEP, el archivo de fallecidos, el Archivo de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad. Una de las utilidades del archivo está en función de las leyes reparatorias. Reúne información a fin de emitir los certificados de «ausencia por desaparición forzada» exigido por la legislación.
En Paraguay se descubre en 1992 el llamado Archivo del Terror. Se encontraron 600 libros encuadernados, 115 libros de Novedades de Guardia, 574 carpetas sobre partidos políticos, más de 8000 fichas de detenidos, casi 2000 cédulas y pasaportes, 3000 fotografías, 543 casetes con grabaciones y miles de informes confidenciales. Cobró gran trascendencia por contener documentos que confirmaban la existencia de la coordinación represiva en el Continente, conocida como «Plan Cóndor». Está custodiado por el Poder Judicial y fue microfilmado; sus documentos han servido para iniciar juicios y separar a funcionarios implicados en torturas.
En Uruguay, en el año 2003, un grupo de antiguos estudiantes universitarios, dirigieron una petición ante los Ministerios de Defensa e Interior solicitando la desclasificación de documentos de Inteligencia sobre las actividades estudiantiles desarrolladas durante la dictadura. Fue posible acceder a documentos reservados del archivo de Inteligencia del Ministerio del Interior. Por vez primera, se pudo acceder en Uruguay a fotografías, recortes de prensa, informes de seguimientos de marchas estudiantiles, etc., provenientes de un Archivo del Terror.
En el año 2004 se produjeron elecciones nacionales en el Uruguay y si bien las nuevas autoridades tuvieron inicialmente una recepción favorable al tema, aún resta saber cómo se procederá respecto al acceso a los archivos. Los miembros del gobierno están preocupados sobre la confidencialidad de los datos y la regulación del acceso.
A modo de conclusión
Es necesario que exista un marco legal que regule la administración, la preservación y el acceso de los archivos de la represión. Es necesario evitar la destrucción y/o sustracción de documentos, y reglamentar el acceso y la consulta de esos archivos.
Los documentos allí archivados posibilitan no sólo reconstruir la historia reciente y de la memoria colectiva, sino indagar sobre las violaciones a los DD.HH., sus métodos y sus responsables.
Todo ello en función del «deber de memoria», ya que «recordamos para la posteridad (...) ese pasado en el que nuestra historia pareció enloquecerse y salió del mundo conocido para habitar por un tiempo en la realidad del infierno...» (Luis Pérez Aguirre, El Uruguay impune y la memoria social, Tribunal permanente de los Pueblos, Sesión Uruguay, 1990).
Bibliografía
- CUYA, Esteban, Las Comisiones de la Verdad en América Latina, KO'AGA ROÑE'ETA se.iii (1996) - http://www.derechos.org/koaga/iii/1/cuya.html
- GONZÁLEZ QUINTANA, Antonio, Los archivos de la represión: balance y perspectivas, COMMA, 2, 2004, pp.59-74.
- Olivera, Rubén, Archivos de la represión: a propósito del estudio geoarqueológico del Batallón 13, BRECHA, 24/03/05, pp.19-22.
ALGUNOS DATOS
ARGENTINA 1976-1983: 30000 muertos y desaparecidos.
BRASIL 1964-1985: 365 desaparecidos.
CHILE 1973-1990, más de 3197 muertos y desaparecidos.
PARAGUAY 1959-1989: más de 2000 desaparecidos.
URUGUAY 1973-1984: más de 200 desaparecidos.
PERÚ 1980-2000: más de 30000 víctimas, entre ellos mas de 4000 personas desaparecidas.
BOLIVIA 1964-1982: 155 desaparecidos.
Fuentes:
http://www.menschenrechte.org/beitraege/koalition/beit008ko.htm
http://www.desaparecidospoliticos.org.br
Laura Bálsamo
Centro de Documentación «Luis Pérez Aguirre» de SerPaJ-Uruguay