REFORMA URGENTE DE LA ONU

Sergio FERRARI

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A las puertas de un nuevo siglo, más de seis mil millones de seres humanos comprueban atónitos cómo su destino depende casi exclusivamente de un poder económico mundial cada vez más concentrado y de un minúsculo grupo de organizaciones internacionales desbordadas por dilemas existenciales: 200 empresas multinacionales emplazadas en sólo 17 países que ostentan ganancias superiores al 30 % del producto interno bruto mundial, y un conglomerado de instituciones mundiales, superpuestas unas a otras, sin rumbo claro, cada vez menos fiables, de operatividad cuestionada y profundamente alejadas de su propia «acta de nacimiento».

Esta, la Carta de las Naciones Unidas proclamada el 24 de mayo de 1945 en San Francisco, establece en su retórico preámbulo que «Nosotros, los pueblos, resueltos... a preservar a las generaciones futuras del azote de la guerra... a proclamar de nuevo nuestra fe en los derechos fundamentales (dignidad y valía del ser humano, igualdad de los derechos de hombres y mujeres, naciones grandes y pequeñas)... a crear las condiciones necesarias para el mantenimiento de la justicia... a fomentar el progreso social...». Postulados todos ellos dirigidos al beneficio de los Pueblos del mundo -las mayorías-, actores que, sin embargo, en la realidad, van quedando cada vez más relegados de todo protagonismo y de toda toma de decisión mundial. En la ONU los Pueblos han sido sustituidos por gobiernos; las necesidades de las mayorías por las de los tecnócratas y funcionarios; el «sistema» político-institucional por la imposición rectora de las instancias financieras internacionales.

La «gendarmización» de la ONU

La Guerra del Golfo constituyó tal vez la señal más clara del rol asignado para el futuro al conjunto de instituciones «onusianas»: apantallar, acolchonar, justificar, acompañar la política que tras la guerra fría impuso a la humanidad nuevas reglas de juego a imagen y semejanza de su propio hegemonismo. Universalizar a nivel institucional la lógica del mercado capitalista, de la rentabilidad como valor absoluto, del fin de los «estados sociales», de la imposibilidad de disenso de los pueblos del Sur. Definir con crudeza lo que está o no permitido en las relaciones mundiales, según la óptica de los que vencieron al derrumbar el Muro.

Se le impuso además criterios de funcionamiento a sus seis órganos principales: un rol diluido y debilitado para la Asamblea General -representantes de todos los estados miembros con igualdad de voto-. El Secretariado, el Consejo Económico Social, el de Tutela y el Tribunal Internacional de Justicia sobreviven sin una real capacidad de decisión propia, cada vez más supeditados a los grandes estados y sus propias prioridades políticas. El papel decisivo, supeditado al poder incontestable de EEUU, se lo lleva el Consejo de Seguridad, compuesto por 15 miembros, entre los que están sentados cinco miembros permanentes que, con un absolutamente antidemocrático «derecho a veto», resultan ser los mayores deudores de la ONU y, a la vez, los principales «matones» del mundo (los mayores fabricantes de armas).

Paralelamente, la capacidad absoluta de decisión en el plano económico-social de parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM). Si bien consideradas como «instituciones autónomas», (al igual que la FAO, la UNESCO, etc), las dos instancias financieras han crecido en poder real y son hoy los garantes máximos de la mundialización actual del mercado capitalista.

En ambas instancias el poder de decisión está ligado al económico. En el FMI, EEUU, Gran Bretaña, Alemania, Francia y Japón ostentan casi la mitad de votos, mientras que en el BM, sólo EEUU tiene un 20% de acciones y constituyen la «minoría de bloqueo» de las políticas que no le parezcan convenientes.

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la UNICEF (para la infancia); la FAO (alimentación y agricultura); la OIT (trabajo) , la UNESCO (educación y cultura)... por citar sólo las más conocidas, implementan iniciativas y esfuerzos muchas veces positivos y humanizantes, pero de impacto relativo cuando sus conclusiones no coinciden enteramente con las expectativas de las cinco o seis principales potencias de la humanidad. Innecesario recordar la crisis de los años setenta-ochenta creada en torno a la UNESCO y su propuesta de Nuevo Orden Internacional de la Información y de la Comunicación (NOMIC), que le significó luego sanciones económicas serias y el retiro de la contribución tanto de EEUU como de Gran Bretaña.

En esa misma lógica, los informes anuales sobre Desarrollo Humano elaborados con rigor científico por el PNUD, caen en saco roto y son asumidos como anécdotas insignificantes por los centros de poder. Constituyen en sí mismos denuncias profundas a la lógica económica dominante -promovida por el FMI y el BM- y no hacen más que expresar la esquizofrenia actual del conglomerado «onusiano». ¿Cómo interpretar si no que sea el PNUD precisamente quien pruebe que no más de 400 millonarios tienen una fortuna igual al ingreso anual del 45 % de la población más empobrecida del planeta?

Alternativas

Para las potencias dominantes y especialmente para EEUU, la causa de las deficiencias está simplemente en su funcionamiento burocrático. La reforma moderada de las estructuras -sin poner en cuestión la ideología misma de la Carta- permitiría destrabar el engranaje: reducción de personal y de presupuesto en la lógica del «ajuste» es la receta aconsejada, bajo la amenaza de cortar sus contribuciones en caso de impase.

Pero otra propuesta se ha ido fortaleciendo en los últimos años: es la autodenominada tendencia «tercera generación», o constitucionalista, que sostiene que otra constitución del mundo es a la vez posible y deseable.

Dos tesis principales definen esta visión. La primera, el carácter arcaico y sobrepasado de las ideas sobre las que se construyeron las organizaciones mundiales actuales (irrealismo del concepto de seguridad colectiva; ineficiencia de la diplomacia preventiva, visión conservadora predominante en el seno de la ONU no acorde con la transformación planetaria en marcha...).

La segunda llama a identificar los progresos alcanzados fuera de la ONU en materia de paz y seguridad en los últimos 50 años. Basada en la experiencia europea -mecha que hizo detonar los dos grandes conflictos bélicos del siglo- y el logro de la paz a partir de 1945, propone trasponer al orden mundial las lógicas que aseguraron esta propuesta post-bélica.

Traspasando las dos alternativas precedentes -«reformista» y «constitucionalista»- se proyectan otras opciones más radicales que cuestionan a fondo la naturaleza misma del sistema onusiano y su falta total de democracia interna.

Aquí un sinnúmero de personalidades críticas y documentos, la mayoría de los cuales, sin embargo, se ubican todavía en el plano de la utopía a largo plazo. Sorpresivo y contundente resulta por la visión global, el informe «Nuestra Diversidad Creadora» de la Comisión Mundial de la Cultura y el Desarrollo, publicado en 1996 por la UNESCO, que introduce la propuesta de «Una ONU centrada en los pueblos»; apelando a una nueva forma de democracia internacional, sostiene que un sistema mundial fundado únicamente en las relaciones entre gobiernos es insuficiente para el siglo XXI. Fundamental entonces «restablecer la supremacía de los pueblos en las organizaciones internacionales».

Para ello la propuesta, por ejemplo, de una ONU bicameral. Una cámara con representantes de gobiernos y la otra con miembros electos con voto directo en cada nación. Mientras tanto, los actuales representantes de los órganos no-gubernamentales acreditados ante la Asamblea General, deberían agruparse en un Foro Mundial que tuviera presencia en los principales debates de la agenda. Asegurando que todos los miembros cualificados de la sociedad civil internacional puedan estar presentes en ese Foro.

Ya nadie pone en duda que el conglomerado onusiano está en crisis. Entre realidad y ficción, la ONU de hoy tiene sus días contados. En un mundo mundializado, con un sistema financiero ya plenamente «globalizado», y con unas pautas políticas y militares cada vez más hegemonistas por parte de las grandes potencias, los cambios radicales no serán simples, pero serán necesarios si queremos devolvernos, a «nosotros, los Pueblos del mundo», un ámbito de articulación de la convivencia mundial que, hoy por hoy, todavía está entregado a la ley del más fuerte esperando ser rescatado para gloria de la dignidad humana.