Valientes y acompañadas:
Combatiendo el matrimonio forzado
 

Carme Vinyoles

Había cumplido los veintiuno, estudiaba un grado superior en la ciudad catalana donde nació y con su pareja empezaba a dar forma a sus sueños de futuro. Actuaba con cautela, sabía que para la familia sería una gran sorpresa difícil de aceptar, y los quería preparar bien. No tuvo ocasión. Sus padres nunca conocieron al chico del que se había enamorado. En realidad, ellos ya tenían sus propios planes, unos planes de los que no le habían informado, a pesar de ser la protagonista principal. Un mal día, al regresar del instituto le presentaron a su marido: un «viejo flaco» perteneciente a la misma etnia, al que nunca había visto. El matrimonio estaba sellado, no había vuelta atrás. Al principio no supo reaccionar. ¿Casada a la fuerza? ¿Ella? ¡Imposible! Si se estaba preparando para ingresar en la universidad, si amaba a otra persona, si nadie le había puesto sobreaviso. De repente, su vida se iba al traste.

Desgraciadamente esta pequeña síntesis de un caso real no es una «anécdota aislada». Al contrario, forma parte de una de las prácticas tradicionales nocivas más extendidas en algunas regiones de los cinco continentes: el matrimonio forzado (MF), a menudo también infantil, un atavismo cultural que suele ocultarse en el ámbito de la privacidad doméstica, dejando a sus víctimas en una situación de absoluto desamparo. De esta forma lo reconocía en 2013 Desmond Tutu, Nobel de la Paz: «Pensaba tener una idea precisa del panorama de los derechos humanos (DDHH), pero confieso que no era consciente de la magnitud y el impacto del matrimonio infantil. Ahora comprendo que estas niñas son invisibles, que no tienen voz y eso las convierte en las personas más vulnerables y desprovistas de derechos del planeta».

En realidad, la toma de conciencia a nivel internacional para erradicar el MF es a todas luces imprescindible, a estas alturas de recorrido de la Declaración Universal de los DDHH, que proclama la igual dignidad de toda persona por el solo hecho de serlo, sin que medie discriminación alguna por motivos de raza, sexo, lengua, fortuna, etc. Además de compartir la formulación de la ley, ¿nos podemos imaginar la violencia íntima y el suplicio que padece una niña, una adolescente, o una joven al ser entregada en matrimonio contra su deseo y sin escapatoria posible? Se le niega la capacidad, el derecho y la responsabilidad de escoger, una vez adulta, su propio camino y, en consecuencia, se le despoja del principal valor que la constituye: su plena humanidad. Se trata de una atroz herida que interpela, compromete y daña el desarrollo moral y económico de todas las sociedades donde se lleva a cabo esta práctica. Lo advertía Desmond Tutu: «Llegó la hora de abrir los ojos y tomar medidas valientes para la prevención».

Hay que tener en cuenta, además, que la incidencia mundial del MF no es insignificante. Según datos de UNICEF, actualmente hay 700 millones de mujeres casadas antes de cumplir 18 años (250 millones de ellas, el 6,8%, antes de cumplir los 15). Si no se revierte la tendencia, la ONU calcula que en 2020 más de 140 millones de niñas o jóvenes de entre 15 y 19 años se añadirán a la fatal estadística. Tampoco es baladí su representación geográfica puesto que, con diferentes variantes e intensidades, abarca a países de prácticamente todos los continentes: del Norte de África, de África Occidental y Central, de Oriente Próximo y Oriente Medio, de Asia Meridional, de América Latina, del Norte de América, de Europa…

¿Qué se entiende como Matrimonio Forzado? La unión de dos personas en la que al menos una de ellas –la mujer, generalmente– no ha otorgado su pleno y libre consentimiento, sino que ha sido física, sexual, psicológica y emocionalmente coaccionada por la familia y por su entorno más próximo. Y esa casuística tanto se da si la «novia» es menor (y entonces hablaríamos de matrimonio precoz o infantil) como si es adulta, ya que las formas de presión, realmente duras, no atienden a razones de edad sino al logro del objetivo buscado. En sociedades férreamente estructuradas según una concepción inmovilista de la tradición, según las normas inapelables de la transmisión del linaje y del respeto absoluto a la autoridad de los mayores y según la apropiación del «honor» de la mujer como garantía del prestigio de todo el grupo, el matrimonio no se considera una opción personal, sino un pacto de familia, de interés para toda la comunidad, que permanece unida con el propósito de mantener el orden establecido. Así las cosas, hay escaso margen para disentir. La rebeldía se castiga con el rechazo y la segregación, un estigma que diezma gravemente las posibilidades de supervivencia. La víctima sufre un elevadísimo grado de vulnerabilidad e indefensión que en la práctica impide toda posibilidad de huir del destino marcado.

Como resultado de la perseverante lucha, –no siempre reconocida– de muchas mujeres activistas en la defensa de los DDHH, finalmente el Matrimonio Forzado ha conseguido entrar en la escena internacional con su propio nombre. Ha entrado por la puerta grande, se podría decir, la puerta de la «Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible» aprobada por la ONU en setiembre de 2015, que incluye 17 objetivos para acabar con la pobreza, vencer la desigualdad y la injusticia y hacer frente al cambio climático. En el objetivo número 5 (igualdad de género y empoderamiento de mujeres y niñas) figura el mandato de eliminar todas las prácticas nocivas como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina. Es la primera vez que se alude a ello con tanta contundencia y que se identifica el MF como causa y efecto de desigualdad entre hombres y mujeres, y de empobrecimiento. Causa, porque se inscribe dentro de un sistema de relaciones y de poder patriarcal basado en la sumisión de la mujer a los designios del padre, del marido, del grupo. Efecto, porque al reducir a la mujer a un rol básicamente doméstico, disminuye sus oportunidades de educación y de autonomía y limita o anula su participación en la toma de decisiones y en la contribución al progreso colectivo. Cuando las voces más reivindicativas gritan a pleno pulmón «dadnos libros, no maridos», los gobiernos deberían darse cuenta de la estrecha vinculación entre el derecho a la educación de las mujeres y el respeto a su libertad e integridad física y emocional, con los cambios necesarios para la transformación de las condiciones de vida en beneficio de toda la sociedad.

En EEUU, en Europa, en la América Latina del siglo XXI, el Matrimonio Forzado está presente a causa de los movimientos migratorios de las últimas décadas y representa una seria amenaza para las hijas de determinados colectivos procedentes de zonas donde impera esta tradición. Diferentes asociaciones de mujeres trabajan en red con otras asociaciones de los países de origen para generar conciencia, mover mentalidades y proteger a las niñas y jóvenes en riesgo. Se están dando pasos, progresivamente, para combatir lo que cabe identificar como una intolerable manifestación de violencia comunitaria que no se puede justificar bajo ningún argumento, menos aun de tipo cultural. Estamos ante un debate complejo que contiene un punto de partida claro: una cultura se mantiene viva en cuanto es capaz de evolucionar, de cuidar y enaltecer los valores que la enriquecen y de eliminar las prácticas que se han demostrado perjudiciales para los derechos de las personas, para su propio progreso y para el desarrollo humano en general. Es un debate que hay que plantear con urgencia porque está creciendo una generación de niñas y jóvenes que sueñan con vivir en condiciones de igualdad, y porque en función de lo que acabe pasando con ellas el mundo irá dibujando su fisonomía.

En Catalunya a partir de los años 80/90 arraigó una importante hornada migratoria compuesta por familias con sus hijos. En 2014 se puso en marcha el proyecto pionero Valentes i Acompanyades que trabaja para prevenir los MF a través del empoderamiento formativo/laboral y emocional/psicológico de las adolescentes y jóvenes en situación de riesgo, estableciendo mecanismos de atención integral y sostenida que permita afrontar el conflicto familiar sin renunciar a su libertad. El trayecto recorrido desde entonces pone de manifiesto el acierto del lema: es realmente necesario un efectivo y afectivo apoyo desde muy diversos niveles para que las víctimas de esta cruda situación adquieran fuerza y ánimos para resistir. La joven a la que nos referíamos al empezar este texto no aceptó el marido impuesto, recibió acogida y terapia emocional, ingresó en la universidad, tiene previsto compartir piso con su pareja y está apoyando a adolescentes en riesgo. Fue valiente y plantó cara para decidir sobre su vida, y obtuvo acompañamiento. Pero hay muchas otras que sufren en soledad la presión del grupo y al final no pueden aguantar y ceden. Se pierden y nos perdemos con ellas su potencial, su formación, su contribución al bien común. La defensa de sus derechos es un inexcusable compromiso para la defensa de los DDHH.

Carme Vinyoles
Sils, Girona, España